Los socios de Sánchez endurecen el tono contra los casos que afectan al PSOE: del "lawfare" a las líneas rojas

La relación entre el Gobierno y sus socios parlamentarios atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la legislatura. Los distintos casos judiciales que afectan al entorno del PSOE han provocado un cambio progresivo en el discurso de los aliados de Pedro Sánchez, que han pasado de denunciar posibles maniobras de "lawfare" a admitir abiertamente la gravedad política de las investigaciones.

El cambio de tono se ha producido de forma gradual. En febrero de 2024, cuando fue detenido el entorno más cercano del exministro José Luis Ábalos, la reacción de los socios se limitó a pedir explicaciones al PSOE y reclamar rapidez en las investigaciones. "Un protocolo más de celeridad" o "tiene que dar explicaciones" fueron algunas de las primeras respuestas públicas, mientras el Ejecutivo trataba de contener el desgaste político.

En aquel momento, la estrategia de los aliados parlamentarios pasaba por dejar toda la responsabilidad en manos del PSOE y evitar romper con el Gobierno. Incluso cuando las investigaciones comenzaron a acercarse al secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, el apoyo continuó siendo visible.

"Cerdán viene dando explicaciones", defendían desde Sumar, donde insistían en que todavía era "difícil discernir verdad y mentira" porque, aseguraban, solo existían indicios.

El informe de la UCO cambia el escenario

La situación comenzó a tensarse con la publicación de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), cuando varios socios empezaron a admitir públicamente la "gravedad manifiesta" del caso. Desde ese momento, el tono político cambió y las exigencias hacia el PSOE empezaron a endurecerse.

Pese a ello, la mayoría de aliados sigue evitando, por ahora, una ruptura con el Ejecutivo. Algunos reconocen que solo se plantearían retirar su apoyo si las investigaciones alcanzaran un nivel superior. "Si esto escala y hablamos de la Gurtel del PSOE", deslizan algunas voces parlamentarias al fijar su línea roja.

Dentro del Gobierno son conscientes de que el desgaste político ya afecta directamente a la estabilidad parlamentaria y de que la presión sobre los socios aumenta cada día. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha centrado buena parte de su estrategia en señalar precisamente a quienes continúan sosteniendo al Ejecutivo. "Esto lo tienen que ver los socios", repite el dirigente popular.

Sumar toma distancia y el PP aumenta la presión

El malestar también se percibe dentro de la coalición. Desde Sumar admiten que el caso afecta políticamente al Gobierno, aunque tratan de limitar responsabilidades al periodo anterior de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. "Es de un gobierno que acabó en el 2023", afirmó el ministro Ernest Urtasun Santiago, mientras desde la formación recuerdan que ellos no formaban parte del Ejecutivo durante parte de los hechos investigados.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, también marcó distancias y reconoció que "en este caso no se puede hablar de lawfare".

Mientras tanto, el PP sigue aumentando la presión sobre partidos como PNV o Junts ante una hipotética moción de censura, aunque ambas formaciones continúan alejando esa posibilidad.

Desde Junts, Míriam Nogueras insistió en que "el PSOE ha de dar explicaciones", aunque evitó ir más allá.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró por su parte que los socios "no van a romper en la vida con la corrupción del Gobierno porque son parte de la misma".

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