El presidente de la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz para analizar el caso de las irregularidades detectadas en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, Ignacio García, ha destacado "y no precisamente en sentido positivo" el hecho de que los tres primeros comparecientes en la misma se hayan negado a contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios. No obstante, ha valorado que hayan hecho uso al menos de su turno de palabra.
Los tres primeros comparecientes han sido Ramón Díaz, exdiputado del PSOE-A e imputado como asesor de la Consejería de Empleo; Antonio Diz-Lois Ruiz, exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo; y Fernando Mellet, exgerente de Mercasevilla. "No se puede decir que no hayan declarado porque todos han hecho uso de la lectura del documento que traían preparado, donde han expresado lo que han considerado oportuno", ha matizado el presidente de la Comisión.
Ramón Díaz ha defendido su "más absoluta inocencia" ante los hechos que se le imputan en relación al caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo, insistiendo en que, durante los años en que trabajó en el departamento del ramo, sus actuaciones se produjeron "bajo el paraguas de la legalidad". De igual modo ha actuado el exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Antonio Diz-Lois Ruiz, que ha eludido toda responsabilidad en este caso, subrayando que era "un simple jefe de servicio".
Por su parte, los diputados del PP e IU han planteado sus preguntas, a pesar de que los imputados se han negado a contestar. Rafael Salas, del PP, ha planteado los interrogantes más duros, centrados en por qué el llamado "fondo de reptiles", utilizado para conceder las ayudas, "nunca fue administrado por funcionarios de carrera" o si conoció los "reiterados informes" de la Intervención de la Junta y de los consultores Garrigues y Price Waterhouse sobre las irregularidades del procedimiento.
El PP también pretendía saber por qué la Junta pagaba determinados ERE y otros no, si la presidencia de la Junta daba indicaciones sobre las ayudas y si es cierto que tanto José Antonio Viera cuando era consejero de Empleo como todos los consejeros de la Junta "presionaban" para las subvenciones a sus provincias.
Las preguntas de IU, por su parte, pretendían averiguar si Díaz Alcaraz introdujo algún intruso en los ERE o si el sistema de ayudas investigado pudo servir para "financiación irregular de algunas agrupaciones del PSOE", según la portavoz de este grupo, Alba Doblas. Al término de la lectura de las preguntas, Díaz Alcaraz ha afirmado que sus temores "se han hecho realidad" y que las intervenciones de los portavoces "han atentado de forma bestial" contra su "honestidad, honorabilidad e integridad" y además le han dejado en "indefensión" pues no puede contestar a cuestiones que posiblemente también le haga la juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, que lo imputó en la causa hace un mes.
Por la tarde ha comparecido Fernando Mellet, imputado en los cuatro sumarios que investigan la gestión del mercado central sevillano.
