Investigaciones PSOE
Pedraz concede 15 días improrrogables al PSOE para entregar la lista de abogados y consultoras contratadas entre 2021 y 2025
La Audiencia Nacional rechaza la maniobra de Ferraz de acudir por urgencia al Colegio de Abogados para frenar la entrega de las facturas de 2021 a 2025 y exige luz verde sobre los pagos de las supuestas «cloacas».
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El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido cortar de tajo el pulso que mantenía con el PSOE. Tras varias semanas con requerimientos del juez y semanas de silencio por parte de Ferraz, el magistrado ha dictado un ultimátum de 15 días improrrogables para que la formación entregue la lista completa y detallada de todos los despachos y consultoras a los que ha pagado en los últimos cuatro años, concretamente entre 2021 y 2025.
El origen de este nuevo choque se remonta a dos semanas atrás, cuando el juzgado pidió por primera vez el rastro de esos servicios jurídicos. Al ver que el tiempo pasaba sin recibir un solo papel, Pedraz exigió una respuesta urgente en un plazo de cuarenta y ocho horas. Sin embargo, justo antes de que expirara, los servicios jurídicos del partido respondieron con un escrito en el que anunciaban que habían acudido al Consejo General de la Abogacía Española para consultar cómo enfocar el asunto «sin vulnerar el secreto profesional».
Un escudo de la Abogacía que la Audiencia no compra
Desde Ferraz justificaron que la información reclamada era enorme, que estaba dispersa por los territorios y que choca directamente con la confidencialidad. En su escrito ante el juez, la asesoría jurídica del partido argumentó que «establecer relación completa de letrados o despachos profesionales no solo revela la existencia de actuaciones profesionales, sino que también, con frecuencia, permite inferir su objeto». Incluso recordaban que las hojas de encargo describen los asuntos y pueden «revelar con facilidad la estrategia de defensa».
Además, el PSOE añadía que una parte de esos contratos afectaba a la «intimidad» y a la «significación ideológica» de cargos públicos y militantes, por lo que necesitaban el amparo de los órganos colegiados para no incurrir en responsabilidades.
Sin embargo, el magistrado ha tirado por tierra ese argumento. La justicia ha incidido en el hecho de que una consulta extraprocesal ante una organización profesional no frena ni congela las decisiones de un tribunal. Asimismo, el juzgado reprocha que se haya intentado blindar toda la documentación en bloque de forma genérica, en lugar de desglosar y justificar de manera quirúrgica qué expedientes están protegidos y cuáles no. Tampoco coinciden con los argumentos de la carga de trabajo de la campaña electoral o la dispersión territorial de los archivos.
La lupa sobre la caja de las «cloacas»
Detrás de este cruce de escritos judiciales se esconde una de las tramas más delicadas que investiga la Audiencia Nacional: el destino real de los fondos con los que se podrían haber financiado maniobras y servicios de intermediación para neutralizar causas judiciales que acorralaban al partido.
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Las pesquisas apuntan directamente al papel de varios letrados, hoy imputados, que se habrían reunido con personas investigadas ofreciendo tratos de favor o pactos bajo el reclamo de tener línea directa con la Fiscalía. Estos movimientos salpican de lleno la gestión de la secretaría de Organización que lideraba Santos Cerdán, así como la emisión de encargos económicos bajo sospecha. Con este ultimátum de dos semanas, el juez aclarar el rastro de cada euro movilizado en despachos del partido en los últimos cuatro años.
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