En mayo del año pasado el Congreso de los Diputados aprobó, con los votos en contra del PP y de UPN y la abstención de Ciudadanos, la proposición de ley del Parlamento de Cataluña que pedía una reforma del Código Penal para despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio.
Se dio así el primer paso para el debate sobre una futura despenalización y regulación de la eutanasia, algo que el Congreso ya había rechazado hasta en 16 ocasiones y que es una práctica legal en países como Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Canadá.
Actualmente, nuestro Código Penal contempla penas de prisión de entre 4 y 8 años para "quien induzca al suicidio de otro" y a penas de entre 2 y 5 para quien coopere con "actos necesarios al suicidio de una persona". También establece que será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de causar la muerte.
PP y UPN, que fueron los partidos que rechazaron la proposición de ley, se han mostrado en contra de despenalizar la eutanasia. Ciudadanos considera que esta iniciativa solo protege a quienes practican la eutanasia, pero se olvida de los pacientes que sufren y ha insistido en que esta reforma propuesta necesita un marco regulatorio.
Por su parte, el PSOE y Podemos siempre han incidido en la importancia de que la despenalización de la eutanasia vaya acompañada de una regulación de la misma, como la recogida en la proposición de ley que los socialistas presentaron la semana pasada.
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