El novio de Díaz Ayuso reclama cuatro años de cárcel y la inhabilitación del fiscal general por revelar secretos

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado ante el Tribunal Supremo su escrito de acusación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, solicitando que sea condenado a cuatro años de prisión por un delito de revelación de secretos. Además, pide que se le imponga la pena de inhabilitación para ejercer como fiscal general, suspensión de empleo y sueldo durante tres años y una multa de 108.000 euros.

En el mismo documento, González Amador reclama también medidas contra la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, procesada junto a García Ortiz en esta causa. Para ella solicita tres años de prisión, dos años de suspensión de empleo y una multa de 36.000 euros, junto a la inhabilitación para el ejercicio del cargo.

Acusa a ambos de causar daños personales y profesionales irreparables

El escrito sostiene que las actuaciones de los dos fiscales han causado un daño "continuado e incesante" sobre diversos derechos fundamentales de González Amador. En concreto, alude a vulneraciones de su intimidad, protección de datos, presunción de inocencia, derecho de defensa y honor, daños que califica de "imposible restitución".

Por estos perjuicios, el denunciante reclama una indemnización de 300.000 euros como compensación por los daños morales sufridos. Atribuye la responsabilidad civil directa y subsidiaria a ambos fiscales, distribuyendo las cuotas de indemnización: un 60% para García Ortiz, como autor principal, y un 40% para Rodríguez, como cooperadora necesaria.

El móvil, clave en la acusación

El escrito de acusación introduce un nuevo elemento central en el procedimiento: el teléfono móvil personal de García Ortiz utilizado entre el 7 y el 14 de marzo de 2024. Según la defensa de González Amador, el fiscal general mantiene bajo su poder este dispositivo sin haberlo entregado a la investigación. A juicio del abogado, la negativa a aportar el terminal "solo puede explicarse" en que contendría pruebas incriminatorias que reflejarían el supuesto registro de su "actividad delictiva".

El PP eleva la presión política sobre el fiscal general

La acusación privada presentada por la defensa de González Amador se suma a la creciente presión política que rodea la continuidad de García Ortiz al frente del Ministerio Público. Desde el Partido Popular se califica la situación de "máxima gravedad" y se advierte de que el fiscal general "está a medio telediario de sentarse en el banquillo", en palabras de varios dirigentes.

Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ya ha solicitado penas más severas: seis años de prisión y doce de inhabilitación para el fiscal general, al considerarle presunto autor de delitos de prevaricación y revelación de secretos.

El caso, enmarcado en las investigaciones que afectan al entorno familiar y político del presidente del Gobierno, mantiene abierto un escenario de consecuencias judiciales y tensiones institucionales. La investigación avanza bajo el control del magistrado instructor del Tribunal Supremo, que deberá decidir sobre la apertura de juicio oral a partir de los escritos de acusación presentados por las partes personadas.

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