POR PRESUNTA FALSEDAD DOCUMENTAL

El máster de Cifuentes ya está siendo investigado en un juzgado de Madrid

El origen está en la querella presentada por Ángela Figueruelo, una de las profesoras cuya firma supuestamente habría sido falsificada en el acta de notas del máster de Cifuentes.

Cristina Cifuentes dimite

Cristina Cifuentes dimiteEFE

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El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha abierto diligencias para investigar las denuncias presentadas por un presunto delito de falsedad documental denuncias presentadas por un presunto delito de falsedad documental

en relación con el máster de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Ese juzgado decidió el pasado 22 de abril admitir la querella presentada por Ángela Figueruelo, una de las profesoras cuya firma supuestamente habría sido falsificada en el acta de notas del máster de Cifuentes.

Figueruelo, catedrática de Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, decidió emprender acciones legales al detectar que su firma aparecía en un acta de notas de Cifuentes que ella nunca había suscrito.

Fuentes de la Fiscalía han precisado que, a raíz de la apertura de esa investigación, ese juzgado ha asumido las denuncias previas que presentaron un grupo de estudiantes y el propio rector de la URJC ante la posibilidad que se alteraran documentos, actas y expedientes del máster.

Por ello, la Fiscalía de Móstoles ha decidido remitir al juez las diligencias que había practicado y archivarlas.

La cuestión es que la querella presentada por la profesora del máster en el juzgado de Madrid abre la posibilidad de que se cometiera el delito en el Instituto de Derecho Público de Vicálvaro, sede subordinada de la URJC, en este caso radicada en Madrid.

La Fiscalía ha dictaminado que estos hechos pueden tener relación con los que ya se investigaban en la Fiscalía de Área de Móstoles y, al tiempo, no ha podido determinar de manera "concluyente" el lugar de comisión del delito, por lo que no se excluye la posibilidad de que se hubiera cometido en la sede del Instituto de Derecho Público de Vicálvaro.

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