"En los 19 años en los que yo he sido presidente de la Junta de Andalucía nunca jamás se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna ilegalidad", ha señalado Chaves a la prensa a su salida del tribunal, donde ha declarado como imputado a petición propia. El expresidente de la Junta de Andalucía ha llegado a las diez menos diez de esta mañana al Tribunal Supremo para declarar voluntariamente en esta causa y ha comparecido ante el juez durante unas dos horas y media, después de lo cual ha leído y firmado su declaración.
A Chaves se le cita en relación a actos realizados como presidente de la Junta Andaluza y previsiblemente se le preguntará en relación con el informe de peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que cuestiona el sistema elegido para la otorgarlas ayudas socio-laborales cuestionadas a través del instrumento presupuestario denominado "transferencias de financiación".
En su informe pericial, los peritos consideran "inadecuada e improcedente" la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas.
De esta ayudas se nutrieron expedientes de regulación de empleo con irregularidades como la innecesariedad de una reestructuración laboral como tal o la prejubilación de personas que no formaban parte de las plantillas afectadas, entre otros aspectos.
Señalando el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, el citado informe reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de esa etapa; la exministra Magdalena Alvarez, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la no adopción de las "medidas necesarias" al respecto.
El primer aforado en declarar en el Supremo fue el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien declaró que, con el sistema de concesión de ayudas sociolaborales que se implantó en Andalucía, él pretendía "instaurar un sistema ágil dentro de la legalidad para poderlo aplicar a las necesidades urgentes".
En el curso de su declaración, Viera rechazó conocer los programas presupuestarios concretos que se investigan en la causa por los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía "porque su cargo era político y no entraba en el detalle de la denominación de las partidas" o en la sistemática económico-contable empleada. Se presentó como un maestro sin conocimientos jurídicos concretos al respecto.
Por su parte, el también expresidente andaluz José Antonio Griñan reconoció el pasado jueves ante el instructor que lo sucedido con el asunto de los ERE es "una barbaridad" y que todas las ayudas concedidas de forma "aleatoria y sin control" merecen una responsabilidad política e incluso penal pero ha añadido que, sobre este asunto, la actuación de su Consejería fue "irreprochable".
