El juzgado declara terminado sin acuerdo el acto de conciliación entre Revilla y el rey Juan Carlos I

El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander confirma que no hay acuerdo entre el rey emérito Juan Carlos I y el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a raíz de la demanda presentada por "difamaciones". Lo hace a través de decreto, ya notificado, donde recoge que las partes asistieron al acto de conciliación pero que durante su desarrollo "no llegaron a acuerdo alguno ni fue posible avenir"

La letrada ha declarado terminado sin avenencia el acto de conciliación instado que se celebró el pasado viernes y al que no acudió el emérito pese a estar en España. Fue la abogada de Juan Carlos I y su procurador quienes asistieron al acto.

Tal y como recoge la Ley de Jurisdicción Voluntaria, al no lograr ponerse de acuerdo entre ambas partes, se debe dar el acto por terminado sin avenencia. Contra el decreto cabe la interposición de un recurso de revisión en el plazo de cinco días y donde el recurrente deberá constar la infracción en que la resolución hubiera incurrido.

A partir de ahora el Rey puede formalizar, si lo desea, la demanda contra Revilla por declaraciones que considera "injuriosas y calumniosas" y por las que exige el pago de 50.000 euros.

Revilla se defiende

El expresidente cántabro acudió junto a su abogado y procurador al acto de conciliación en la sede judicial de Las Salesas de Santander y allí no se retractó de sus palabras. "Lo que demandan fundamentalmente es que reconozca que he mentido", aseguraba Revilla a la salida de los juzgados el pasado viernes. Él defendió que sus palabras se fundamentan en informaciones recogidas en los medios: "Me he basado en esas fuentes y la única pregunta que me hago es '¿por qué a mi?'".

La defensa de Revilla manifestó en la vista que lo que hizo su representado fue dar "una serie de opiniones críticas" en base a "unos hechos de los que es evidente que él no tiene conocimiento por sí mismo", sino por las informaciones publicadas.

Por contra, la abogada del rey emérito alegó que esas noticias e informaciones "no son sentencias judiciales" y argumentó que las declaraciones del político no tienen "base fáctica".

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