Junts exige que sea Cataluña quien recaude sus impuestos y decida unilateralmente la cuota de solidaridad al Estado

Junts ha vuelto a poner el foco en la financiación de Cataluña y su capacidad para decidir sobre la inmigración. En los últimos días, el partido que lidera Carles Puigdemont ha endurecido su discurso antimigratorio y ha retomado la exigencia de un sistema fiscal propio, al estilo del concierto vasco o navarro.

El secretario general del partido, Jordi Turull, ha sido tajante en una entrevista en TVE afirmando que hay que acabar con la "perversión" de que "con el dinero de los catalanes, los andaluces subvencionen el gimnasio y el perro de compañía" y quejándose de que en Cataluña "no le podemos dar ayudas a la beca de comedor o a la dependencia a alguna gente de la clase media trabajadora que es financiadora del Estado de bienestar".

La propuesta de Junts es que sea la Generalitat quién recaude todos los impuestos en Cataluña y, después, decida de manera unilateral qué parte de esos ingresos transfiere al Estado en concepto de solidaridad. Un hecho que los neoconvergentes quieren añadir en las conversaciones que mantienen con el PSOE fuera de Españafuera de España y que podrían romperse en cualquier momento.

Pero Turull no se quedó ahí y vinculó directamente el debate fiscal con la situación migratoria. "Se nos están colapsando muchos servicios porque el cuerpo ha crecido y el vestido es el mismo", señaló haciendo alusión a la presión que, según el partido catalán, soportan los recursos públicos catalanes.

Decisión sobre el control migratorio

Para el dirigente, Cataluña debería tener potestad no solo en financiación, sino también en decidir sobre la llegada de personas migrantes, ya que debería ser competencia de la Generalitat determinar "cuántos caben".

Su discurso fue reforzado por Míriam Nogueras, líder de Junts en el Congreso, que también aprovechó la ocasión para atacar a Podemos por bloquear la propuesta de transferir a Cataluña las competencias en inmigración. ELa formación morada ya había anunciado su veto, convencidos de que tras la demanda de Junts hay motivaciones xenófobas.

Aun así, Puigdemont decidió forzar una votación en el Congreso junto al PSOE para llevar la iniciativa al debate parlamentario. El prófugo sabía que no prosperaría, pero buscaba desgastar al Gobierno y recordar a su electorado que Junts sigue firme en sus prioridades. Aunque también se interpreta como un intento de frenar la fuga de votos hacia Aliança Catalana, el nuevo actor separatista que las encuestas sitúan a solo dos escaños del partido en el Parlament.

Tras la derrota en la Cámara Baja, Puigdemont no se rindió y aseguró que hacen todo lo posible, "pero la extrema España" les impide ejecutar nuestro plan para regular el fenómeno migratorio. Además, acusó al Estado de obstaculizar de forma deliberada a Cataluña. "Quieren que Cataluña tenga un problema" y "les gusta que no funcione", manifestó, sugiriendo que el Gobierno promueve un desbordamiento migratorio en la región para forzar el colapso de su autonomía.

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