Una jueza investiga por primera vez a la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus y Candiru

La batalla judicial del independentismo por el espionaje con Pegasus se extiende a la Guardia Civil. El Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada contra dos ex directores del Instituto Armado, la anterior directora del CNI y contra varias empresas tecnológicas que comercializan el software como pueden ser las empresas israelíes NSO y Saito Tech.

En concreto, la querella se dirige contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020, Félix Vicente Azón, y su sucesora hasta 2023, María Gámez.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada Miriam de Rosa Palacio, sustituta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, ha considerado admitir a trámite la querella, al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos, además de acceso ilegal a sistemas informáticos.

Precisamente, la ex directora del CNI, Paz Esteban, deberá acudir a declarar otra vez ante la Justicia el próximo lunes como imputada por el presunto espionaje a otros cargos de ERC.

Es la primera denuncia por el uso de Candiru, un software que, según los querellantes, fue utilizado por la Guardia Civil para infectar sus móviles

Esta sería la primera denuncia por el uso del programario espía Candiru, un software que los querellantes aseguran que fue utilizado por la Guardia Civil para infectar sus móviles, en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los organizadores de la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que convocó las protestas contra la sentencia del 'procés'.

Según los querellantes, esa infección fue acreditada por análisis llevados a cabo por el laboratorio canadiense Citizen Lab, que destapó el caso del espionaje masivo en el independentismo que ha dado pie a las múltiples investigaciones en varios juzgados de Barcelona.

De hecho, los querellantes, que son empresarios y desarrolladores tecnológicos agrupados en la asociación Sentinel Alliance, presentaron inicialmente su denuncia ante la Audiencia Nacional. Sin embargo, desde la Audiencia rechazaron la investigación de esa denuncia por falta de competencia. Ante ese rechazo, los denunciantes decidieron llevarla ante los juzgados de Barcelona.

Como pruebas periciales, los denunciantes piden que el juzgado se encargue de analizar sus móviles a los Mossos d'Esquadra y tome declaración, como expertos, a los analistas de Citizen Lab y de Amnistía Internacional que documentaron el llamado 'Catalangate'.

Otra de las diligencias que plantean los querellantes es que el juzgado requiera a la Audiencia Nacional una copia de las causas de Tsunami Democràtic y CDR, en las que asegura fueron espiados bajo secreto de sumario, sin que se les comunicara en ningún momento y sin tener la condición formal de investigados.

En un comunicado, Sentinel Alliance ha celebrado la admisión a trámite de la querella, que en su opinión añade una "dimensión internacional" al caso del espionaje masivo al independentismo, puesto que está acreditado que uno de los denunciantes fue atacado con el software malicioso cuando se encontraba en Suiza.

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