La jueza abre juicio oral contra Alberto González Amador por presunto fraude de 350.951 € y uso de facturas falsas

La causa que investiga a Alberto González Amador da un salto procesal. Una jueza de Madrid ha acordado la apertura de juicio oral contra el empresario, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto fraude a Hacienda de 350.951 euros y por servirse de una trama de facturas falsas.

En un auto fechado este lunes, el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid declara la fase intermedia superada y "tiene por formulada la acusación".

La resolución ordena la transformación del procedimiento a juicio oral al apreciar indicios suficientes para que los hechos sean enjuiciados por un tribunal.

El auto, pieza clave en el cierre de la instrucción, no avanza pronunciamientos sobre culpabilidad, pero sí traslada a las partes el escenario de acusación formal y la necesidad de concretar escritos de calificación, penas solicitadas y proposición de prueba para la vista.

Los delitos que se le atribuyen

Según el auto, el juzgado imputa a González Amador un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. El núcleo del caso gira en torno a un presunto perjuicio fiscal de 350.951 € y a una operativa de facturación que la acusación tacha de ficticia para minoración de impuestos.

Con la apertura de juicio, el procedimiento entra en la fase de calificación: las acusaciones y la defensa fijarán por escrito su relato de hechos, las penas o absoluciones que interesan y la prueba (documental, pericial y testifical) que proponen para el acto del juicio.

A continuación, el órgano competente señalará fecha para la vista oral. Hasta sentencia firme, rigen la presunción de inocencia y el derecho de defensa del investigado.

Antecedentes procesales

El paso acordado por la jueza llega tras la fase de instrucción, en la que se han practicado diligencias para depurar la realidad de las operaciones contables y el alcance del perjuicio tributario que motivó la causa.

La apertura de juicio oral supone que, a juicio del juzgado, la investigación está madura para que sea un tribunal quien valore en contradicción los indicios, escuche a las partes y decida sobre los hechos y su encaje penal.

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