Imputación
La Fiscalía pide al Supremo absolver a García Ortiz en la causa por revelación de secretos
Además, la número dos del fiscal general ha pedido que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete declaren como testigos en el juicio.
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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, vuelve a ser protagonista, pero esta vez por la petición de absolución presentada por su propia número dos. La teniente fiscal del Tribunal Supremo y mano derecha del Ministerio Público, Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado al alto tribunal que exima a García Ortiz del presunto delito de revelación de secretos que se le atribuye.
En su escrito el pasado 15 de septiembre, afirma que "al no ser los hechos consultivos de delito, procede la libre absolución con todos los pronunciamientos a ella inherentes". Es decir, subraya que los hechos investigados no constituyen delito y no se le puede atribuir ninguna intervención en la presunta filtración de información confidencial relacionada con el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Así mismo, la fiscal Sánchez Conde plantea la citación de hasta una veintena de testigos. La lista la encabeza González Amador, que además de ser pareja de la presidenta madrileña está procesado en un juzgado por fraude a Hacienda e investigado por presunta corrupción en los negocios.
La fiscal pide también que declaren Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, y el abogado de González Amador, Carlos Neira, que envió un correo "de común acuerdo" con su cliente en el que reconocía haber cometido fraude a Hacienda con el objetivo de pactar con la Fiscalía y así rebajar su posible condena.
A ellos se suman la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, además del fiscal Julián Salto, que llegó a negociar un posible acuerdo con la defensa, y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien también estuvo meses investigada hasta que la Sala de Apelación archivó la causa contra ella.
La lista de testigos solicitados se completa con periodistas de distintos medios, de los cuales algunos aseguran haber conocido el supuesto pacto antes que el propio fiscal general, y dos agentes de la Guardia Civil.
Le libra de responsabilidades
Sin embargo, en el documento Sánchez Conde ha sido tajante al subrayar que "ninguna intervención puede atribuirse" al fiscal general refiriéndose a la divulgación de los correos electrónicos que habían intercambiado el fiscal Salto y el abogado Neira. Es más, subraya que la información de esos correos "ya era conocida por otras personas antes que el fiscal general".
Además, la Fiscalía recuerda lo que ocurrió aquellos días. Exponen que el 13 de marzo de 2024, el jefe de gabinete de Ayuso "transmitió a múltiples periodistas" que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador y que, además, había recibido "órdenes de arriba" para impedir que se llevara a cabo.
El origen del caso tiene lugar el pasado mes de octubre, cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió imputar a García Ortiz. La decisión fue adoptada por unanimidad, al entender que el fiscal general pudo haber cometido un delito al difundir información reservada de una investigación en curso contra González Amador por presunta defraudación tributaria y falsedad documental.
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