La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía mediante una fórmula también sujeta a estas indagaciones, ha emitido un nuevo auto en el que concede al Ejecutivo autonómico un plazo de tres días al objeto de que, como medida cautelar, le entregue "para su custodia" un sobre debidamente precintado que contenga las reclamadas actas de los consejos de Gobierno celebrados desde 2001 hasta el momento.
Como es sabido, la Junta, personada en las actuaciones como parte perjudicada y por ende como acusación particular, ha resuelto no entregar a la juez las actas de las sesiones celebradas desde 2001 por el Consejo de Gobierno al considerar que se trata de documentación reservada, esgrimiendo igualmente que la reclamación promovida por la juez Mercedes Alaya no habría concretado con exactitud qué actas o acuerdos son precisos para la investigación.
"Evitar que se eluda la acción de la Justicia"
En un auto fechado este mismo lunes día 4 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya resuelve que, en tanto en cuanto se resuelve el conflicto planteado, se suspende la entrega "para su examen" de las actas del Consejo de Gobierno, todo ello, no obstante, "adoptando con carácter provisional las medidas imprescindibles para evitar que se eluda la acción de la Justicia, se produzca un grave perjuicio al interés público y se originen daños graves e irreparables".
De este modo y como medida "cautelar", la instructora requiere a la Junta para que, a través de su representación legal, remita en el plazo de tres días al Juzgado "para su custodia" copia compulsada o testimonio de las actas de los Consejos de Gobierno citados, que "deberán ser remitidas en sobres cerrados o lacrados o con los precintos que se consideren convenientes, los que quedarán depositados en el Juzgado hasta tanto se resuelva el conflicto planteado, con el apercibimiento de que, de no verificarlo, podría incurrirse en un delito de quebrantamiento de medida cautelar".
