ASÍ LO HA COMUNICADO EL CONSELLER DE JUSTICIA, Carles Mundó

El Govern califica de "represiva" y "abusiva" la respuesta de la Fiscalía a la aprobación de la ley de referéndum

El conseller de Justicia ha asegurado que "no es sorpresa ver que el Gobierno y las instituciones del Estado tienen como respuesta delante de una cuestión política la represión y el abuso del derecho y de las instituciones".

El Govern de Cataluña

El Govern de CataluñaEFE

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El conseller de Justicia, Carles Mundó, ha calificado de "represión y abuso del derecho" la respuesta de la Fiscalía a la aprobación de la ley del referéndum y los decretos de convocatoria y normas complementarias para su celebración, que han sido suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

Durante el acto de entrega del primer certificado de anulación de los juicios del franquismo, Mundó ha asegurado que "no es sorpresa ver que el Gobierno y las instituciones del Estado tienen como respuesta delante de una cuestión política la represión y el abuso del derecho y de las instituciones".

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció la presentación de una querella contra el presidente de la Generalitat y el resto de los miembros del Govern por firmar el decreto de convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña el 1-O, que se suma a otra contra los miembros de la Mesa del Parlament.

Además, el fiscal general dio instrucciones a las Fiscalías catalanas para que, con auxilio de los cuerpos de seguridad (Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional), investiguen las actuaciones dirigidas a la celebración del referéndum en Cataluña por ser constitutivas de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación "al menos". "Desde el punto de vista democrático es preocupante que el Estado se dedique a perseguir más de mil cargos públicos y electos. Es un elemento de preocupación que pone de relieve la debilidad de la calidad democrática del Estado", ha señalado Mundó.

El conseller de Justicia, además, ha recordado que "el propio Código Penal establece que la convocatoria de un referéndum no es ningún delito" y ha criticado que la reacción del Gobierno "a una acción política" sea la persecución de cargos públicos.

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