El Gobierno ofreció a ETA tras el atentado de la T4 en el Aeropuerto de Barajas retomar la negociación política de Loyola si la banda se comprometía por medio de una declaración a no hacer más atentados, según consta en los documentos que obran en poder de la Guardia Civil sobre las actas de aquella negociación incautadas al que fuera 'número uno' de la banda, Francisco Javier López Peña, alias 'Thierry', detenido el 20 de mayo de 2008 en Francia.
Según estos documentos, difundidos por un diario nacional, el Gobierno propuso a ETA retomar el proceso tras el atentado que acabó con la vida de dos personas en Barajas el 30 de diciembre de 2006: "ETA tiene que asegurar con una declaración que no hará más atentados. Tras la declaración se activaría el proceso en el punto que quedó en Loyola".
"También se propone que Batasuna cambie los estatutos, una etapa sin atentados y se comienza la mesa de partidos. El Gobierno manifiesta ahora que si se rompe ahora no volverá a haber nuevas opciones durante años", añade el acta que corresponde a la primera reunión tras el atentado de Barajas (Marzo-abril 2007).
Según consta en el documento, esa reunión entre un representante del Gobierno y ETA se produce después de otra reunión del PSE con Batasuna en el que se negó un estatuto para las tres provincias vascas y Navarra.
"Sobre la mesa la detención de Yurrebaso. ETA exige la liberación del etarra y garantías de seguridad para el futuro" , prosigue el acta de esa misma cita en la que aparece reflejado que "ETA exige acuerdo político. ETA se niega a hacer más gestos".
En cuanto a la situación de Yurrebaso, el Gobierno responde que "no está en sus manos liberar al detenido", pero que "espera que lo liberen" y añade que "después de Barajas el proceso está roto y hay que intentar retomarlo".
Según se recuerda en otra parte de los documentos, Jon Yurrebaso fue detenido el 27 de marzo en Francia y "formaba parte del equipo de negociación de ETA". En el momento de su detención este etarra advirtió a la autoridades galas su estatus de negociador y mostró a modo de salvoconducto un cartón en el que aparecían varios número de teléfono, uno de ellos presuntamente utilizado por el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo.
Actualmente estos hechos se investigan en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional del que es titular el juez Pablo Ruz en el marco de una pieza separada de la causa del 'chivatazo', el presunto soplo policial que frustró una operación contra la red de extorsión de ETA en mayo de 2006.
Este suceso también aparece en varias fases de los documentos. En el acta de la reunión mantenida el 27 de octubre de 2006 uno de los negociadores del Gobierno admite que "por dar el aviso del faisán hay un alto policía encausado (en referencia a Víctor García Hidalgo) y casi el jefe de seguridad del PSOE".
