Ley de Memoria Democrática
Fiscalía pide investigar, por primera vez en España, las torturas de la policía franquista
La querella la presentó el sindicalista Carlos Vallejo y ahora ha sido admitida a trámite.
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No hay precedentes en nuestro país, pero invocando la nueva Ley de Memoria Democrática, la Fiscalía ha pedido investigar las torturas de la policía franquista, abriendo así la puerta a que se pueda indagar en los crímenes de la dictadura que la Ley de Amnistía impedía perseguir.
Hasta la fecha el Ministerio Público no se había pronunciado a favor de investigar los crímenes de lesa humanidad y torturas durante el franquismo, pero en su informe recuerda que la nueva ley "impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista".
En concreto, el dictamen del Ministerio Público invoca el artículo 29 de la Ley de Memoria Democrática, que establece que el Estado "garantizará el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión de la guerra y la dictadura, así como el período que va desde la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución Española".
Carlos Vallejo fue quien presentó la querella, se trata de un sindicalista detenido en dos ocasiones a principios de los 70 que fue víctima de torturas en la Jefatura de Via Laietana por su actividad política y sindical, y se dirige contra 6 agentes de la policía franquista. El pasado mes de junio esa misma querella la fiscal del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona se opuso a la admisión a trámite de la denuncia ya que a su juicio los delitos habían prescrito y que la Ley de Amnistía impedía investigarlos. La decisión ha sido revisada por Dolores Delgado.
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Este caso se suma al de otro en Madrid donde un juzgado de instrucción admitió a trámite la querella de un hombre que fue torturado en la Dirección General de Seguridad en 1975, en una causa en la que ya se ha tomado declaración a la víctima.
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