La fiscalía pide hasta 27 años de prisión para 12 CDR que el PSOE incluye en la ley de amnistía

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido cárcel para 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por un delito de pertenencia a organización terrorista. Los integrantes son los mismos que el Partido Socialista incluye en su ley de amnistía.

El fiscal Miguel Ángel Carballo asegura en el escrito de acusación que estos individuos formaban parte de un Equipo de Respuesta Táctica. Se trata de un grupo formado por diferentes integrantes de los CDR que llegaron a conformar una organización terrorista paralela de forma clandestina. Su objetivo era realizar acciones violentas o atentados con sustancias incendiarias.

Podrían no ser amnistiados

Los 12 CDR a los que el fiscal Carballo les pide la entrada en prisión fueron claves para la negociación sobre la ley de amnistía entre el PSOE y los partidos independentistas debido a la acusación por delitos de organización terrorista. La ley, ya registrada en el Congreso, excluye a todos aquellos que hayan realizado "los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el capítulo VII del Título XXII del Código Penal siempre y cuando haya recaído sentencia firme".

El escrito de acusación lo firma el mismo fiscal que ya ha descartado el delito de terrorismo en la investigación sobre el grupo Tsunami Democràtic, en la que se encuentran imputados los fugados Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. En ese procedimiento, el fiscal consideró que las pruebas recabadas no sostenían la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista.

La acusación de terrorismo es una circunstancia que puede ser clave en el futuro de imputados, porque una condena por terrorismo haría que no se pudieran beneficiar de la amnistía.

Carballo pide 27 años cárcel para Eduardo Garzón, Queralt Casoliva, Jordi Ros, Alexis Codina, Rafael Delgado, Sonia Pascual, Germinal Tomás y Esther García. Todos ellos están acusados de delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito o fabricación de explosivos y estragos en grado de tentativa. No solamente cree que deben ir a la cárcel, pues también el Ministerio Público pide la medida de libertad vigilada durante ocho años.

"A las clásicas organizaciones de corte independentista, se unió un nuevo actor que se autodenominó CDR. La actividad del CDR aportó gran dinamismo a la movilización callejera, siendo clave para la planificación y ejecución de acciones simples (pintadas) y complejas (huelgas generales, cortes de país, etc.)", reza el comunicado.

El escrito manifiesta que los acusados presentaban una "gran radicalidad" y sus planes se basaban en ocupar sin éxito el Parlament de Catalunya coincidiendo con el segundo aniversario del 1-O. Todo esto, "bajo un presupuesto estimado de 6.000 euros".

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