La Audiencia Nacional envía a juicio a los 12 miembros de los CDR por terrorismo

La Audiencia Nacional envía a juicio a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por delitos de terrorismo, que están investigados por pertenecer a una facción radicalizada de estos grupos que, supuestamente, planeó sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en el año 2019.

Se ha acordado la conclusión del sumario y la apertura de juicio oral por delitos como pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista.

Es una de las causas abiertas en la Audiencia Nacional que podría ser susceptible de encuadrarse en una futura ley de amnistía que PSOE y sus socios parlamentarios debaten estos días de cara a la investidura de Pedro Sánchez.

De esta manera, los magistrados de la Sección Tercera avalan la decisión del juez instructor Manuel García Castellón en la 'Operación Judas', la cual se llevó a cabo en septiembre de 2019 contra un grupo de personas a los vinculaba con el Equipo de Respuesta Táctica (ERT), que es una célula formada por individuos de diferentes CDR con gran radicalidad. Estos pretendían, mediante la violencia, lograr la independencia de Cataluña.

Además, la Sala de lo Penal rechaza la petición de archivo formulada por tres de los procesados. Estos alegaban falta de indicios de la comisión de un delito de pertenencia a organización terrorista.

Poco antes de conocer esta noticia, los Comités de Defensa de la República habían criticado que la negociación que los partidos independentistas "puedan hacer con el enemigo no es admisible", a la vez que pedían reactivar la declaración unilateral de independencia (DUI) de 2017.

En un comunicado publicado en 'X', acusaban a Junts y ERC de "colaborar con la desmovilización del independentismo y el retorno a un autonomismo recortado". De esta manera, hacían referencia a las negociaciones con el PSOE para la investidura de Sánchez.

Además, le reprochaban poner "sobre la mesa unas propuestas no consultadas con nadie con la intención de enterrar el compromiso de la DUI", y de ceder así el monopolio de la unilateralidad al Estado.