La fiscalía acusa a Antonio Fernández de los delitos de prevaricación y malversación por la concesión de ayudas irregulares a dos empresas cuando estaba al frente de la consejería.

Se trata de una de las piezas de la macrocausa de los ERE que investiga un juzgado de Sevilla. Además, el fiscal también pide penas de prisión para otros exaltos cargos de la Junta andaluza, directivos de empresas y el sindicalista Juan Lanzas.