Investigación sobre la financiación del PP
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González declara en la Audiencia Nacional
En vísperas de que declare Esperanza Aguirre, su sucesor comparece ante el juez que investiga la presunta financiación ilegal del PP.
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El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González vuelve a la Audiencia Nacional para declarar en calidad de imputado sobre la pieza separada 9 del 'caso Púnica' que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid en tiempos de la exdirigente del partido y del Gobierno autonómico Esperanza Aguirre.
González, que además es el principal investigado en otra macrocausa, el 'caso Lezo', está imputado en Púnica por presuntos delitos de cohecho, malversación agravada de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral en relación al "desvío continuado de fondos públicos" desde las consejerías de Transporte y Presidencia mediante "el amaño de las partidas de publicidad" y a través de subvenciones públicas a Fundescam, pero también con las contrataciones de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM) y el Canal de Isabel II.
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Falsedad electoral
Según el auto del juez instructor, Manuel García Castellón, González "participó en una continuada dinámica de falsedad electoral en la presentación por el PP madrileño de las contabilidades ante la Cámara de Cuentas de Madrid por las campañas autonómicas 2007 y 2011 y ante el Tribunal de Cuentas por la campaña a las elecciones generales del 2008". En esos años, ocupaba el cargo de vicepresidente y consejero de Presidencia. Además, se le interrogará sobre los trabajos de reputación que le realizó el experto en reputación 'on line' Alejandro De Pedro, también investigado, durante los años 2011 y 2012, "que pese a ser trabajos personales, los sufragarían los fondos públicos por las estrategias planeadas para desviar fondos adscritos a empresas públicas de la Comunidad de Madrid utilizando contratación ficticia emitida por proveedores concertados". También se le relaciona con la petición a la empresa Indra del pago de "facturas falsas".
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