El acuerdo no especificará por tanto el nuevo lugar de enterramiento de los restos del dictador para dar una última oportunidad a la familia de elegir un destino que supere la "imposibilidad legal" que, según el Ejecutivo, reviste la opción de la céntrica cripta de La Almudena, donde la familia cuenta con unas sepulturas a perpetuidad, aclaran las mismas fuentes.

El Gobierno se basa en un informe de la Delegación del Gobierno para argumentar que razones de seguridad y de orden público impiden llevar los restos de Franco a ese emplazamiento. Sin embargo, el entorno de la familia acusa al Ejecutivo de sacarse de la manga ese informe, cuya legalidad cuestionan. Así las cosas, e independientemente de si la familia indica o no un lugar alternativo, habrá que esperar a un nuevo acuerdo motivado del Consejo de Ministros, vencido el nuevo plazo de 15 días, para la ejecución de la exhumación.

Incluso esa decisión definitiva del Gobierno será recurrida por la familia y seguramente otras partes personadas en el procedimiento ante el Tribunal Supremo, lo que puede demorar aún más la exhumación del dictador.