Subir penas a corruptos, una 'lista negra' o supervisar con IA los contratos públicos... Las 15 medidas del plan anticorrupción de Sánchez

Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para anunciar un plan anticorrupción después del escándalo que implica a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos en diversas mordidas que salpican a su propio gobierno de coalición.

El plan estatal de lucha contra la corrupción, elaborado junto a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), consta de 15 medidas. Entre ellas, destaca la creación de una agencia de integridad pública independiente, impulsada por Sumar.

El objetivo de este plan estatal, tal y como ha asegurado Pedro Sánchez, es situar a España a la vanguardia de la lucha contra la corrupción. Para ello, el Ejecutivo ha trabajado este último mes en el desarrollo de este plan con el objetivo de eliminar esta "lacra social", según ha explicado el presidente del Gobierno.

Otras de las novedades que destacan en la lucha contra la corrupción es la subida de penas a corruptos, así como la elaboración de 'listas negras' para empresas que hayan sido condenadas".

La IA controlará las contrataciones del sector público

Un plan dividido en cinco ejes. El primero, enfocado a la "prevención de riesgos" y el "fortalecimiento de los controles", incluye crear "una agencia de integridad pública independiente" para prevenir, supervisar y perseguir, así como extender la metodología aplicada al control de los fondos Next Generation a toda la administración del Estado.

Además se utilizará la Inteligencia Artificial para controlar las contrataciones del sector público con el objetivo de "identificar patrones anómalos e indicios de fraude".

Por otro lado, aquellos partidos que reciben una financiación pública mayor de 50 millones de euros, deberán someterse a auditorías externas e independientes.

Las 15 medidas anticorrupción

1 - Puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública que asumirá las funciones clave para la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas.

2 - Extensión de la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración.

3 - Introducción de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) en la plataforma de contratación del sector público.

4 - Exigencia de sistemas para garantizar el cumplimiento de las medidas contra la corrupción por parte de las empresas que quieran contratar con las administraciones, y despliegue de pactos de integridad para determinados contratos públicos.

5 - Nueva Ley de Administración Abierta que reforzará la obligación de transparencia activa, con mecanismos de alerta temprana, así como actualización del Portal de Transparencia y controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato.

6 - Refuerzo de los controles sobre los partidos políticoscon financiación pública superior a 50.000 euros. Someterse a auditorías externas e independientes.

7 - Incluir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal medidas para garantizar la confidencialidad, protección y apoyo legal a las personas que acudan a las autoridades a denunciar actos de corrupción.

8 - Creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, para agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia.

9 - Avanzar en el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción con más medios y remisión al Parlamento de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal con una reforma estructural del modelo de instrucción penal, para que sea la Fiscalía la que ejerza esta competencia.

10 - Endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública, duplicación de los plazos de prescripción y aumento de las multas a empresas corruptoras.

11 - También, un sistema de exclusión y "listas negras" para que no puedan seguir contratando con la Administración

12 - Endurecimiento de las sanciones a los partidos por infracciones contables y retirada de subvenciones a quienes mantengan en sus listas y estructura a condenados por corrupción.

13 - Aumento de medios y plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente, optimizando su coordinación con juzgados, fiscalías y también Fiscalía Europea.

14 -Introducción de la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas, sin necesidad de condena penal, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia.

15 - Realización de estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, a cargo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), junto al lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención.

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