El Gobierno retira 188.000 toneladas de aceite por exceso de oferta: "Los precios están hundidos"

El Gobierno ha puesto en marcha por primera vez el mecanismo que permite retirar aceite de oliva del mercado cuando hay un exceso de oferta. La herramienta estaba prevista en la normativa desde 2021, pero nunca se había aplicado. Ahora, ante las previsiones de una cosecha abundante, el Ministerio de Agricultura ha fijado una retirada obligatoria del 12% para la campaña 2026/2027.

La obligación afecta a las almazaras, que tendrán que almacenar el 12% de la producción que declaren a partir de noviembre. No se calcula sobre todo el aceite que ya tienen almacenado. El producto quedará inmovilizado hasta el 30 de septiembre de 2027 y no podrá venderse durante ese tiempo. El Ministerio estima que la cantidad retirada rondará las 188.000 toneladas.

La decisión llega después de que las previsiones apuntaran a una campaña de más de 1.600.000 toneladas, un 23% más que la anterior. A ello se añaden unas existencias iniciales de casi 360.000 toneladas, también un 23,3% superiores a las del ejercicio precedente. La normativa permite activar el mecanismo cuando la suma de las existencias y la cosecha prevista alcanza al menos el 120% de la media de esa misma suma en las seis campañas anteriores. Agricultura podrá revisar la situación a partir del 31 de diciembre y modificar el porcentaje si lo considera necesario.

Las cooperativas agrarias llevaban años reclamando esta herramienta. Cristóbal Gallego Martínez, responsable sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, defiende su aplicación porque, asegura, los precios que reciben los agricultores están "hundidos" y "no llegan ni a cubrir los costes de producción". Considera que retirar parte del aceite puede evitar que el exceso de oferta siga bajando los precios de origen.

También Jaime Martínez, director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, califica la decisión de "muy positiva". Recuerda que el sector lleva más de diez años trabajando con Bruselas y el Ministerio para conseguir que este mecanismo pueda utilizarse. Según explica, el precio que reciben los productores ha caído entre un euro y 1,20 por kilo en el último año. Las cooperativas esperan que la retirada ayude a recuperar parte de ese valor y que "no termine repercutiendo en el consumidor". Su objetivo, dice, es reducir la distancia entre lo que cobra el agricultor y lo que paga quien compra el aceite.

No todos comparten ese respaldo. Un productor cuestiona que las cooperativas tengan que asumir el coste de guardar un aceite que todavía no han vendido. "¿Cómo le pago yo a mis agricultores si no tengo el aceite vendido?", plantea. En algunos casos, explica, tendrán que almacenar "30, 40 o 100 toneladas", con el gasto que eso supone. También recuerda que el anterior sistema de almacenamiento privado era voluntario y contaba con ayudas. En esta ocasión, la retirada es obligatoria y, según denuncia, no hay compensación económica por el almacenamiento.

La industria exportadora también expresa sus reservas, advierte del riesgo de que otros países ocupen el espacio del aceite español si la retirada reduce la cantidad disponible para vender fuera.

Desde el lado del consumidor, la OCU teme que la intervención termine afectando al precio de compra. Su portavoz, Enrique García, recuerda que el aceite sigue costando entre un 40% y un 50% más que en 2022, dependiendo de la categoría. También apunta que los alimentos acumulan una subida del 39,5% en cinco años. "Medidas que apoyen a los pequeños productores, sí, pero no a costa del precio que pagamos los consumidores", advierte.

La retirada no implica necesariamente que el aceite vaya a encarecerse en los supermercados, pero una medida que todavía tendrá que demostrar sus efectos.

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