El caso Koldo llega a juicio: el Supremo sienta en el banquillo a Ábalos por contratos de mascarillas

El Tribunal Supremo juzgará a partir de este martes al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos, a su asesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia de la COVID-19, en 2020.

Hasta 24 años de cárcel

Ábalos afronta una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años de cárcel, ligeramente superior a los 19 y medio de Koldo García, aunque las acusaciones populares que coordina el PP piden para ambos 30 años. El tercer acusado, Víctor de Aldama, encara la petición más baja de 7 años de cárcel, ya que se contempla su colaboración con la Justicia tras confesar el pago de comisiones.

Se les acusa de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación. La Fiscalía, además, pide multas de hasta 3,9 millones de euros e indemnizaciones a dos empresas públicas -Ineco y Tragsasec-, así como la incautación de las ganancias del presunto cohecho, que ascienden al menos a 430.298 euros.

La trama principal: los contratos de mascarillas

Serán 13 sesiones, la mayoría de mañana y tarde, repartidas entre el 7 y el 30 de abril, y coincidirán a diario con otro juicio; el del caso Kitchen, en el que está acusado el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y parte de la cúpula policial del primer Gobierno de Mariano Rajoy por la presunta operación parapolicial de espionaje al extresorero del PP Luis Bárcenas.

El exministro y su exasesor serán conducidos cada día desde la prisión de Soto del Real (Madrid), donde permanecen desde noviembre por riesgo de fuga. Se juzgará el presunto "ilícito negocio" que habrían emprendido con contratos públicos de mascarillas para Adif y Puertos del Estado -dependientes de Transportes- en marzo de 2020. El fiscal destaca el "preciso reparto de funciones" de los tres, tras ver "la oportunidad de obtener un común beneficio económico" en la contratación pública de empresas captadas por Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.

Según la Fiscalía, Ábalos habría acordado la adquisición de partidas de mascarillas a cambio de que él y Koldo recibiesen "una indebida compensación económica" a cuenta de Aldama, que a su vez percibió 3,7 millones de euros. Como pago por estas gestiones, dice el fiscal, Aldama habría entregado a Koldo García 10.000 euros mensuales en efectivo, a veces en presencia de Ábalos, ya que estaba destinado a ser repartido entre ambos.

Hubo otras retribuciones que Aldama presuntamente premió con estancias en dos chalés en Málaga y Cádiz, además de un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en Madrid a un precio muy inferior al del mercado, y el abono de la renta mensual de un piso para la entonces pareja del exministro, Jéssica Rodríguez. El fiscal acusa también a Ábalos de "promover la contratación" de Jéssica Rodríguez en Ineco y Tragsatec pese a que nunca "desempeñó tarea alguna" entre 2019 y 2021, período en el que cobró casi 44.000 euros; y Claudia Montes, otra mujer vinculada a él, en la empresa pública Logirail.

La declaración de los acusados

Ábalos dice que no hay rastro de las comisiones millonarias que señala Aldama. Además, niega irregularidades en los contratos y no acepta haber mediado para fichar a Jéssica Rodríguez o a Claudia Montes. Koldo por su parte, asegura que los canales de compra de material no fueron manipulados por una trama, sino que "se rigieron por criterios de estricta necesidad" en "un mercado colapsado". En cuanto al dinero en efectivo, lo vincula con gastos corrientes del PSOE. Aldama admite los delitos, pero pide menos condena porque su "colaboración proactiva" impulsó la investigación.

Hay más de 80 testigos citados, entre los que sobresalen por su perfil político la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres. Ambos deberán responder por los contratos de mascarillas con las empresas presentadas por Aldama cuando presidían las islas Baleares y Canarias, respectivamente. Lo harán por escrito, pero no responderán a un formulario de preguntas, sino que se limitarán a enviar un "informe".

El juicio, que no podrá verse en directo, se celebrará en la Sala de lo Penal.

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