En un auto notificado hoy, el magistrado sigue así el criterio de la Fiscalía, que el pasado lunes día 5 le pidió que asumiera la competencia por estos hechos, denunciados en una querella presentada por Manos Limpias, pero que rechazara investigar el resto de los incidentes ocurridos en Barcelona y otros lugares de España con ocasión de las protestas del 15-M.
Así, Velasco admite a trámite la querella de Manos Limpias sólo en lo que se refiere "al delito contra las Instituciones del Estado, sin extenderse al resto de los incidentes e imputaciones que afecten al orden público que no vayan contra la Alta Institución del Estado (Parlamento de Cataluña)".
En su resolución, el juez pide a la Fiscalía de Barcelona que le remita las diligencias de investigación abiertas allí, así como las grabaciones de que disponga.
Además, fija una fianza de 3.000 euros para que el sindicato Manos Limpias, sin representación en ningún centro de trabajo, pueda personarse como acusación popular, "dado el interés ciudadano en la persecución de delitos que afectan a sus instituciones esenciales".
La cantidad es sensiblemente inferior a la sugerida por el fiscal, que pidió que se fijara en 50.000 euros después de acusar a Manos Limpias de querer abrir una causa general contra el movimiento 15-M, y aseguró que la que querella presentada tenía "cierto carácter fraudulento" y constituía "un cierto abuso de derecho".
Los incidentes ocurridos el pasado 15 de junio tuvieron lugar tras la convocatoria por parte del movimiento 15-M de una protesta frente a la sede legislativa, donde se iba a celebrar el debate sobre los presupuestos de la Generalitat, contra los recortes en materia económica.
Varios diputados fueron rodeados e insultados e incluso algunos manchados con pintura, pese al cordón establecido por la policía, mientras que otros, como el presidente de la Generalitat, Artur Mas, o la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, tuvieron que acceder al edificio en helicóptero.
El delito que según Velasco puede imputarse a los autores de esos hechos es el recogido en el artículo 498 del Código Penal, que establece penas de 3 a 5 años de cárcel para los que "emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir" a cualquiera de sus miembros "asistir a sus reuniones".
