Caso 'Mediador'
La amante del general Espinosa, conocida como 'chocho volador', declara ante la jueza por el Caso Mediador
El general Espinosa pidió a Marco Antonio Navarro Tacoronte y a otro empresario investigado por la trama que contratase a su amante extramatrimonial como administrativa por 3000 euros al mes.
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Comienzan las declaraciones por el caso Mediador. En la mañana de este jueves, a partir de las 12:30 horas, hora canaria, han iniciado las comparecencias en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. Han acudido al juzgado un total de seis personas.
La jueza de la trama de corrupción, Ángeles Lorenzo-Cáceres, ha citado a declarar en calidad de testigo a Adelaida María Pérez, la amante extramatrimonial del general retirado de la Guardia Civil e implicado en el caso, Francisco Espinosa, también conocida como 'chocho volador'. Lo ha hecho a través de una videoconferencia.
Además, han comparecido en esa misma condición el expiloto de ralis y empresario Luis Monzón, así como dos empresarios más. Como investigados han declarado el empresario Antonio Bautista, alías 'el Curilla', y Julián Santa Bárbara.
Según ha podido conocer Antena 3 Noticias, fuentes jurídicas alegan que los testigos no van a emitir ninguna declaración. La investigación está bajo secreto de sumario.
Caso Mediador
La trama localizada entre las Islas Canarias y Madrid es el último escándalo de corrupción en el que el PSOE se ha visto envuelto. Un caso de presuntas extorsiones a empresarios y mordidas.
Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado socialista, más conocido como 'Tito Berni' aparece en el sumario como el cabecilla de la trama. Él habría tenido relación directa con, al menos, cuatro empresarios que ya están siendo investigados, según han revelado los últimos mensajes que se han descubierto en su móvil.
Ahora la investigación sigue su curso. Una de las claves es el Congreso de los Diputados, también epicentro del caso. La Cámara Baja ha destruido todas las pruebas que tenía. Ya no hay rastro de los datos del control de acceso, aplicado para todo el mundo, y tampoco figuran las visitas.
Esa información estuvo guardada en el Congreso durante 30 días. Pasado ese límite de tiempo, eliminan los datos. La Cámara Baja lo justifica mediante la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales española y la Ley General de Protección de Datos del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. La norma fija que solo recopilan los datos estrictamente necesarios y los mantienen el mínimo tiempo necesario.
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Desde el Congreso insisten en que, para ellos, no es su obligación mantener esa información en el sistema. Más bien al contrario, la obligación de la institución es cumplir con la legislación de protección de datos.
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