Estas mismas fuentes aseguran que se trata de una campaña organizada ya que del casi medio centenar, sólo hay unos 80 internos que piden la excarcelación para sí mismos.
El resto son presos etarras que piden la puesta en libertad inmediata para otros compañeros recluidos en otras prisiones a cientos de kilómetros de distancia. Incluso se dan casos de reclusos internos en cárceles del norte que piden la liberación de terroristas que se encuentran en centros del sur.
En esta estrategia no han participado los cerca de 30 presos trasladados al Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca (Alava), ni otros encarcelados por terrorismo que se han desvinculado de su pasado siendo expulsados del EPPK (siglas en euskera del Colectivo de Presos de ETA) que actualmente engloba a cerca de 520 reclusos.
El segundo motivo por el que estas fuentes concluyen que se trata de una campaña de presión orquestada es el desorbitado número de casos en los que se alegan motivos de salud para forzar la excarcelación. En concreto, han metido en este bloque a todos aquellos que no han cumplido las tres cuartas partes, ni se encuentran bajo el cumplimiento de la doctrina Parot (en torno a 60 según datos recientes de Instituciones Penitenciarias).
Asimismo, en las alegaciones presentadas en los escritos, no existe ninguna mención a un arrepentimiento o perdón a las víctimas de ETA. La propia banda terrorista dejó claro en su 'Ekia' del pasado mes de octubre un listado de actuaciones que vertebran "la posición necesaria a mantener en la cárcel" en el que se recogía la prohibición de pedir perdón a sus víctimas o pagar los daños causados a las mismas.
Estos escritos ya están encima de la mesa del juez Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, quien deberá decidir al respecto en los próximos días, indican estas fuentes.
