Retrasar la edad de jubilación aumenta el riesgo de mortalidad

Fedea advierte en un estudio de que retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta “significativamente” el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años. Recomienda fijar distintas edades de retiro en función de las ocupaciones y establecer mecanismos de flexibilidad. El riesgo se concentra especialmente en las ocupaciones físicamente más exigentes y las sujetas a un mayor nivel de estrés emocional y mental. Es mucho menor para los individuos que tienen acceso a mecanismos de jubilación parcial que les permiten reducir sus horas de trabajo a partir de determinada edad.

El estudio, que analiza el impacto de una reforma realizada en España en 1967 que endureció la jubilación anticipada, arroja esa conclusión. La reforma de 1967 consistía en aquellos que comenzaron a cotizar antes del 1 de enero de 1967 podían jubilarse voluntariamente a partir de los 60 años, mientras que el resto (con algunas excepciones) tenían que esperar hasta los 65 años. La base de datos es un extenso archivo de datos administrativos sobre historiales laborales de individuos en las cohortes nacidas de 1935 a 1955 que la Seguridad Social ha hecho accesible a los investigadores a través de salas seguras y, recientemente, acceso remoto.

Jubilación parcial

Por el contrario, señala Fedea, el riesgo es menor para los trabajadores que tienen acceso a mecanismos de jubilación parcial que les permiten reducir sus horas de trabajo a partir de determinada edad.

En base a estos resultados los autores del estudio también calculan el coste o beneficio social de restringir o eliminar la opción jubilación anticipada y muestran que “el impacto adverso sobre la esperanza de vida supera las ganancias fiscales”.

El estudio presta especial atención a cómo varían los efectos sobre la mortalidad dependiendo de las características de los puestos de trabajo y la flexibilidad de la jornada.

Los expertos de Fedea han calculado el coste o beneficio social de restringir o eliminar la opción jubilación anticipada. Su conclusión es que “los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida, lo que sugiere que la reforma no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social”. Para la fundación, en un momento en el que la prolongación de las vidas laborales puede ser un instrumento imprescindible para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, su estudio concluye “la necesidad de diseñar con cuidado los detalles de las políticas de jubilación, atendiendo a sus posibles efectos sobre la salud de los trabajadores”. “Es importante, en particular, tener en cuenta el grado de exigencia física, emocional y mental de las distintas ocupaciones a la hora de fijar las edades mínimas y legales de jubilación, que no pueden ser iguales para todos, así como introducir, con carácter general, mecanismos flexibles de jubilación anticipada y parcial que permitan a los trabajadores modular sus horas de trabajo en la parte final de su carrera laboral”, agrega el informe.

Sin beneficio económico

En cifras, el estudio calcula que un aumento de 0,46 años en la edad al morir se traduce en una pérdida social valorable de 8.564 euros por individuo.

Frente a esto, el retraso en la salida del mercado laboral de la citada reforma genera, en promedio, una aportación adicional al sistema de pensiones y unos ingresos fiscales de 1.925 euros y ahorra a la Seguridad Social 3.228 euros por jubilado en beneficios de pensión.

Como resultado, la Seguridad Social obtiene una ganancia fiscal de 5.213 euros gracias a la reforma. “En suma, los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida, lo que sugiere que la reforma no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social”, concluyen.

Ante estas cifras, Fedea pide diseñar con cuidado los cambios en las políticas de jubilación, atendiendo a sus posibles efectos sobre la salud de los trabajadores.

En concreto, recomienda tener en cuenta “el grado de exigencia física, emocional y mental” de las distintas ocupaciones a la hora de fijar las edades mínimas y legales de jubilación, que no pueden ser iguales para todos.

También reclama introducir, con carácter general, mecanismos flexibles de jubilación anticipada y parcial que permitan a los trabajadores modular sus horas de trabajo en la parte final de su carrera laboral.

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