El Juzgado de lo Social número 2 de Palencia ha resuelto que Galletas Gullón debe pagar a su ex director general Juan Miguel Martínez Gabaldón unos 10,3 millones de euros ante la falta de acuerdo entre las partes acerca de la ejecución de la sentencia por despido improcedente, y ha señalado un plazo de diez días para ejecutar el fallo.
El auto, contra el que no cabe recurso, recoge que la empresa deberá abonar 8,9 millones en concepto de principal y 1,43 millones que se fijan "provisionalmente" en concepto de intereses de demora y costas.
El fabricante de galletas fue condenado a readmitir al ex director general, destituido a finales de 2009 tras 22 años en la empresa, o a indemnizarle con 8,9 millones de euros, la mayor indemnización impuesta en España por despido improcedente.
Para acatar la sentencia, el consejo de administración de Gullón accedió a reincorporarle en el mismo puesto, pero Martínez Gabaldón consideró inviable esta opción mientras la empresa mantiene abiertas acciones civiles y penales contra él, por lo que solicitó ante el Juzgado la ejecución de la sentencia y el cobro inmediato de la indemnización.
El auto notificado hoy recoge que las partes no llegaron a ningún tipo de acuerdo en cuanto a la posible reincorporación del directivo, "especialmente por la falta de voluntad de la empresa de proceder a su readmisión" hasta que la sentencia por despido adquirió firmeza.
Además, defiende que la relación laboral de alta dirección se basa en la recíproca confianza de las partes y, en este caso, "es evidente que ninguna de las partes tiene confianza en la otra, ya que es imposible tenerla" cuando la empresa mantiene frente a la otra parte una querella por un presunto delito de apropiación indebida y estafa.
La empresa estudia el auto
"Galletas Gullón ha intentado hasta el último momento alcanzar un acuerdo con Juan Miguel Martínez Gabaldón y María Teresa Rodríguez (ex presidenta ejecutiva de la empresa) pero no ha sido posible", lamentó la compañía en un comunicado, en el que afirma que está estudiando el auto para decidir "si cabe recurso alguno o proceder a su cumplimiento legal".
La empresa ha advertido en anteriores ocasiones de que el pago de esta indemnización "pone en peligro" los planes de expansión y crecimiento previstos para el ejercicio 2010-2011.
