Luis de Guindos en una imagen de archivo

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REUNIÓN EN BRUSELAS

De Guindos no ha tratado con Dombrovskis y Moscovici la posible multa a España porque "no la va a haber"

Desde la Comisión Europea se ha señalado que se valorarán los esfuerzos de España para tomar una decisión "inteligente" sobre la multa.

El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, no ha tratado ni con el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ni con el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, la posible multa a España por el incumplimiento del objetivo de déficit de 2015, porque parte de la base de que "no la va a haber", según trasladaron fuentes del Ministerio de Economía.

Durante la reunión que ha mantenido este miércoles el ministro con ambos dirigentes europeos en Estrasburgo se han abordado los escenarios presupuestarios de España y su compatibilidad con el actual procedimiento de déficit excesivo, pero no se habló ni de plazos ni de la posible multa en sí, porque el Gobierno español está convencido de que finalmente no se producirá, según las mismas fuentes.

El Ministerio de Economía enmarca ambas reuniones de trabajo en los contactos "habituales" que mantiene el ministro con otros dirigentes comunitarios, y aclara que no son, por tanto, "concluyentes" respecto al procedimiento de déficit excesivo de España.

Dichos encuentros se han producido en un momento en el que la Comisión Europea 'deshoja la margarita' sobre si poner o no a España una multa -que podría llegar al 0,2% del PIB- por el incumplimiento del objetivo de déficit de 2015, ante la división del resto de países, con un bloque más proclive a imponer finalmente la multa, entre los que se encontrarían Alemania y Holanda, y otros Estados en contra de la misma, como Francia e Italia.

Bruselas tendrá en cuenta los esfuerzos de España

Precisamente este miércoles Dombrovskis ha indicado que la Comisión Europea tendrá en cuenta los esfuerzos fiscales asumidos por España y aplicará de manera "inteligente" las normas sobre disciplina fiscal cuando tome una decisión sobre las consecuencias del incumplimiento de los objetivos de déficit.

"En el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) aplicamos las normas de manera inteligente, teniendo en cuenta las reformas y esfuerzos fiscales realizados hasta ahora. Apreciamos lo que España y Portugal han hecho hasta ahora", ha resumido Dombrovskis, en una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.

Con todo, el vicepresidente comunitario ha insistido en que no hay una decisión formal adoptada aún y ha avisado de la necesidad de "fortalecer nuestra credibilidad y nuestros fundamentos de crecimiento", por lo que ha recalcado que los Estados miembros con exceso de déficit deben continuar ajustando el desvío y Bruselas, aplicando las normas.

El Colegio de Comisarios tuvo el martes un primer debate sobre este asunto y, de acuerdo a fuentes comunitarias, prevé adoptar el jueves la decisión formal con se certifique la falta de medidas "efectivas" de los Gobiernos español y portugués para cumplir con sus objetivos presupuestarios. El déficit público de España alcanzó el pasado año el 5% del PIB (sin contar las ayudas al sistema financiero), frente al compromiso adquirido con el Ejecutivo comunitario de reducirlo hasta el 4,2%.

Multa de 2.000 millones

En el caso de que Bruselas certifique la "falta de acción efectiva" por parte del Gobierno español para reducir el desfase presupuestario, se desencadenaría el procedimiento para sancionar a España con una multa que equivaldría al 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros, y la congelación de una parte de los fondos comunitarios que recibe el país.

Una vez que los Veintiocho confirmen la postura de la Comisión y certifiquen esta "falta de acción efectiva", la Comisión Europea dispone de un plazo de 20 días para proponer una sanción a España, que se daría por adoptada salvo que el Ecofin la rechazara en un plazo de 10 días. No obstante, Bruselas podría tomar la decisión de cancelar la multa o de incluso reducir su cuantía a cero, atendiendo a las razones esgrimidas por el Estado miembro afectado.

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