El Gobierno aprueba la primera Ley de Vivienda estatal en España

Tras meses de retraso, duras negociaciones y enfrentamientos en el seno del gobierno, el Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Vivienda, la primera norma de este tipo de carácter estatal. Y con polémica hasta el final tras el informe en contra del Consejo General del Poder Judicial, muy crítico con el anteproyecto pero no de carácter vinculante.

En ese documento, el CGPJ incluía objeciones al mecanismo de regulación de precios, especialmente porque consideraba que invadía las competencias de las comunidades. También consideraba que los pequeños propietarios no serán "suficientemente compensados" por las ventajas fiscales. La ministra Raquel Sánchez ha respondido en la rueda de prensa del Consejo de Ministros al CGPJ diciendo que el proyecto de ley no invade las competencias y ha puesto a disposición de todos los territorios los instrumentos y respeta los mecanismos de cada una de ellas.

En general, a todas esas críticas el Ejecutivo hace caso omiso, aunque desde el Gobierno siguen insistiendo en que se ha respetado y estudiado el informe y que incluso se han incorporado algunas peticiones. Por esa razón, la norma recibe luz verde y comienza a tramitarse sin cambios en el texto que acordaron PSOE y Unidas Podemos. El Gobierno tiene ahora ocho meses para aprobar definitivamente el texto en las Cortes. Tal y como está previsto, deberá entrar en vigor antes del 1 de octubre de 2022; esa es la fecha límite y el compromiso acordado con Bruselas a cambio de acceder a los fondos de recuperación.

Siguiente paso: el Congreso

¿Y cómo será esa tramitación parlamentaria? Sencilla, no. Los socios de investidura del Gobierno exigen modificaciones para dar su apoyo y presionarán para ir más allá, sobre todo para conseguir que el mecanismo de regulación de precios entre en vigor cuanto antes.

La ley actual contempla hasta 18 meses de margen, la denominada 'vacatio legis', una moratoria antes de su puesta en marcha. Eso significaría que la medida estrella de la normativa de vivienda no se aplicaría hasta mediados de 2024.

Bajada de precios o incentivos fiscales

La nueva ley de vivienda permitirá congelar los precios del alquiler, si el casero es un pequeño propietario, o forzar su bajada si el dueño tiene más de diez pisos. Todo dependerá de si la zona se declara 'tensionada'. Una decisión específica de cada comunidad autónoma, que podrá aplicar o no la ley en función de sus intereses, y a la que se oponen presidentes autonómicos como Isabel Díaz Ayuso.

Además, para los caseros que reduzcan los precios de forma voluntaria, se incluyen importantes bonificaciones fiscales. Más aún si se alquila el piso a menores de 35 años. Las rebajas en el IRPF podrán ser de hasta el 90%. Otro de los objetivos es evitar la especulación, en consonancia con el objetivo de controlar las zonas 'saturadas' y las "burbujas inmobiliarias", como las ha definido la ministra Ione Belarra.

Parque público de vivienda

Según se ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las medidas que contempla la nueva ley incluye promover la calificación indefinida de la vivienda protegida, la prohibición de la venta del parque público de vivienda social y de la reserva de suelo para vivienda en alquiler asequible.

El Gobierno apuesta así por un inventario del parque público de vivienda y una memoria de actuaciones para dar información de las condiciones de la operación y características del edificio. También se pretende impulsar nueva oferta y combatir las viviendas vacías. En cuanto a los desahucios, Ione Belarra ha especificado que la ley recoge que cuando se produzca uno los servicios sociales tendrán que valorar si la familia está en situación de vulnerabilidad y, si lo están, las comunidades deberán ofrecer una vivienda alternativa.

El camino político de la ley de vivienda no ha sido fácil. Tampoco en Moncloa. El equilibrio interno en el Gobierno se ha roto en varias ocasiones, especialmente con episodios de tensión entre PSOE y Unidas Podemos por diferencias de criterio en torno a la regulación de los precios del alquiler. Para el Gobierno, "es una ley sólida, rigurosa y transversal" que refuerza el quinto pilar del Estado del Bienestar que va dirigida especialmente a los jóvenes y a familias que no podían ofrecer un "entorno digno" a sus hijos.

El ala morada del Ejecutivo cuestionó el compromiso del PSOE y lanzó muchas advertencias públicas, ante el temor de que los socialistas terminaran echándose atrás. Fue incluso una condición clave para alcanzar un acuerdo para los presupuestos de 2022. Ambos textos, al final, han terminado con acuerdo.

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