Dudas sobre el alquiler: ¿Qué pasa si el decreto de la vivienda decae en los próximos días?

A día de hoy, los contratos de alquiler que tengan que prorrogarse deben hacerlo con una subida máxima del 2% durante dos años. Es lo que establece el actual decreto en materia de vivienda. Pero la gran duda es qué ocurrirá si esa norma decae, como es previsible en los próximos días tras su votación en el Congreso. ¿Cambian entonces las condiciones? ¿Habría que rehacer los contratos? Se lo hemos preguntado a los expertos.

Recomiendan a los inquilinos adelantarse. Cualquier arrendatario con un contrato a punto de finalizar puede solicitar ya la prórroga extraordinaria. Eso sí, es importante hacerlo con garantías legales. Como explica Ana Gómez, de Celdrán Abogados, "de una manera fehaciente o mejor, lo más garantista es un burofax con acuse de recibo y certificación de texto".

Si el propietario acepta y firma mientras el decreto sigue en vigor, el contrato deberá cumplirse en esos términos. Es decir, el inquilino podrá permanecer en la vivienda hasta el 31 de diciembre de 2027 y con una subida máxima del 2% en el precio del alquiler.

Incertidumbre legal ante la posible caída del decreto de vivienda

Ahora bien, el escenario se complica si el casero decide esperar a que el Congreso vote el decreto. Durante este periodo, de aproximadamente 30 días, la norma ha estado vigente, como recuerda la propia experta: "Es cierto que durante este plazo de 30 días aproximadamente ha estado en vigor".

La clave está en qué ocurre si la aceptación llega después de que el decreto decaiga. En ese caso, podrían abrirse dudas legales. "La obligación de aceptar del arrendador no está en estos 30 días. Puede aceptar después y ya el real decreto no está en vigor. Podría haber un resquicio legal porque se ha solicitado la prórroga excepcional dentro del real decreto y ya habría un criterio jurídico en el que los tribunales tendrían que entrar a juzgar", señala Gómez.

Según los expertos, este vacío podría generar discrepancias en la interpretación de la norma y acabar en los tribunales. Un nuevo foco de incertidumbre en el mercado del alquiler, marcado ya por la inseguridad jurídica y la falta de oferta.

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