CEOE y CEPYME ven "inadmisible" la huelga general porque defienden que las motivaciones no son "de naturaleza laboral"

CEOE y CEPYME contestan a la convocatoria de huelga general hecha por UGT y CC.OO. y lo hacen considerando que "las reivindicaciones que han motivado este anuncio de huelga general no son, en esencia, de naturaleza laboral" por lo que rechazan que se traslade a las empresas "el coste de una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión".

Elecciones adelantadas y huelga general. Ambas han sido anunciadas con diferencia de pocas horas y las reacciones a ambas cuestiones han sido inmediatas. Si Pedro Sánchez, a primera hora de la mañana de este lunes, anunciaba que convoca las urnas para el próximo 29 de noviembre, pasado el mediodía UGT y Comisiones Obreras convocaban una huelga general de 24 horas para este otoño con el objetivo de reivindicar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda digna.

Todavía no hay una fecha concreta, sí se han comprometido a no hacerla coincidir con la campaña electoral y argumentan su decisión en que "las manifestaciones del pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esa demanda, y la respuesta debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen". Además enmarcan la protesta en sus demandas para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

Sin embargo, a través de un comunicado de prensa CEOE y CEPYME consideran la convocatoria como "inadmisible" y defienden que si las pretensiones de esta protesta persiguen "fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda" esto nada tiene que Ver con "la gestión de las empresas" por ello ven "inadmisible que se pretenda trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión".

Apuntan también que una vez han sido convocadas las elecciones para el 29 de noviembre día en el que la ciudadanía podrá "pronunciarse sobre estas cuestiones en las urnas" resulta "difícilmente justificable utilizar la actividad de las empresas y de sus trabajadores como tablero para influir en el devenir de un proceso que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática".

Matizan que no se trata de una valoración definitiva porque dicen no tienen información suficiente "especialmente, sobre su encaje jurídico, dado que la convocatoria está pendiente de ratificación, carece de fecha determinada y no

constituye todavía el preaviso formal exigido legalmente" y se comprometen a analizar la convocatoria definitiva.

En su convocatoria, CC.OO. y UGT apelaron tanto a las organizaciones empresariales, para que desbloqueen la negociación colectiva y aseguren retribuciones que cubran bienes básicos, como a las administraciones públicas con competencias en la materia para que apliquen de forma efectiva la legislación sobre el derecho a la vivienda.

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