REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

El Gobierno reemplaza el término 'imputado' por 'investigado' y refuerza el decomiso

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también reduce los plazos de instrucción de las causas y refuerza la figura del decomiso para permitir que se puedan incautar tanto bienes derivados del delito como del patrimonio total del condenado. Este cambio pretende terminar con la sensación de impunidad entre la ciudadanía de quien comete un delito.

El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal que cambia el término "imputado" por "investigado" en las primeras fases de la instrucción, y pasará a denominarse encausado. "El concepto del imputado tiene la naturaleza de comparecer con asistencia letrada pero es evidente que en la conciencia general se identifica con la preculpablilidad. Creemos que Investigado es más coherente con la función, que es investigar si existe alguna responsabilidad", dijo el ministro de Justicia.

También se limita la instrucción judicial a 6 meses para las causas ordinarias y a 18 para los sumarios más complejos, que podrán ser ampliables hasta alcanzar los 36 meses, cuando lo considere oportuno el juez instructor y lo apoye el fiscal. 

La reforma afecta a la separación de las piezas de los llamados macroprocesos, de manera que se instruirá una causa por cada delito, y regulará, por primera vez, el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico. 

El Gobierno ha decidido reforzar la figura del decomiso para poder incautar a los condenados no solo las propiedades fruto del delito sino también el patrimonio total del condenado. El objetivo es acabar con la sensación de impunidad entre la ciudadanía de que quien delinque puede ir a prisión pero se queda con lo estafado.

El Ejecutivo endurece la lucha contra el fraude
El Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de ley de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que persigue modernizar el mercado de trabajo, garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y generar nuevas dinámicas en la lucha contra la siniestralidad laboral y en garantía de la seguridad en el trabajo.

En este sentido, ha anunciado que la norma prevé la creación de un nuevo grupo de funcionarios, a escala de subinspectores, de seguridad y salud laboral.

Este anteproyecto de Ley prevé también la creación de una nueva oficina nacional de lucha contra el fraude que se dedicará a su detección, la programación y ejecución de actuaciones inspectoras y la evaluación de resultados.

Esta oficina dependerá de la inspección de trabajo, que será constituida como un organismo autónomo de nueva creación adscrito al Ministerio de Empleo y que dará servicios a las CCAA y la Administración del Estado.

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