El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado llevar a la Conferencia de Presidentes del martes próximo la redacción de una "estrategia nacional" para hacer frente a los desequilibrios demográficos y la creación de una comisión para coordinar la respuesta ante catástrofes naturales y nuevas amenazas.
Así figurará en el documento que se aprobará en la Conferencia de Presidentes de la semana que viene y en cuya redacción se ha avanzado este miércoles en una reunión preparatoria entre la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y consejeros de todas las comunidades salvo Cataluña y Euskadi, que mantienen su decisión de no acudir al encuentro.
Al respecto, Sáenz de Santamaría ha comentado en conversación informal con los periodistas al terminar la reunión que prefería destacar las presencias hoy en lugar de las ausencias. "Prefiero poner en valor a los que están", ha dicho.
Las dos ausencias no han sido ni comentadas en la reunión, según el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, que ha asegurado que las dos comunidades están informadas de los trabajos preparatorios de la Conferencia de Presidentes. "Como es lógico y normal, estaban invitados", se ha limitado a añadir.
Según informaron varios consejeros autonómicos y después confirmaron los secretarios de Estado de Administración Territorial y de Hacienda en rueda de prensa, uno de los aspectos que se ultimará será la apertura del proceso de reforma de la financiación autonómica, aunque con un matiz novedoso: la alusión a que en ese modelo se tenga en cuenta el gasto en dependencia. No han concretado los consejeros ni los representantes del Gobierno qué significa tener en cuenta el gasto en dependencia.
Fuentes presentes en la reunión preparatoria de este miércoles, encabezada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, han indicado que esa novedad se incluirá a instancias de Extremadura, si bien los consejeros socialistas han mostrado unidad al respecto.
El Gobierno ha mostrado total disponibilidad a contemplar su iniciativa. Las comunidades socialistas pretenden que la financiación de la misma se haga al 50% entre la administración central y las comunidades, pero el Gobierno ha mostrado su preferencia por que en el desarrollo de la negociación se tengan en cuenta otros servicios y los gastos aparejados a la prestación de esos servicios, como el acceso a la vivienda o la discapacidad.
