Un inspector de Educación de Barcelona ha denunciado hoy en el juicio del 9-N que la Generalitat "presionó" a directores de instituto para que cedieran los centros para la votación, ante lo que recomendó a las dos escuelas bajo su competencia que no entregaran las llaves sin una orden por escrito.

En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se celebra hoy la segunda sesión del juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, con las primeras testificales, centradas en la apertura de colegios y en los encargos del Govern sobre las urnas y la logística de la consulta soberanista del 2014 prohibida por el Tribunal Constitucional.

El primer testigo en comparecer ha sido el inspector de Educación Josep Rafael A.D., adscrito al área de Barcelona-Comarcas, que ha asegurado que la directora del instituto Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona), Josefa B., que también está previsto que declare hoy, se resistía a entregar las llaves del centro para la consulta, ya que no recibía ninguna directriz por escrito.

Ante esta situación, según el testigo, la directora recibió "presiones", con llamadas de los responsables de Enseñanza para que les entregara las llaves. Finalmente, esta directora acabó entregando las llaves en los días previos a la votación porque la Generalitat le remitió un recibo, sin firma y únicamente con un sello de los Servicios Territoriales de Enseñanza, en el que se le eximía de cualquier responsabilidad, aunque según el inspector no suponía ninguna garantía, por lo que le dijo: "me parece que te han engañado".

El inspector también ha denunciado que, antes de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional -el 4 de noviembre-, la directora de los Servicios Territoriales de Enseñanza, Montserrat Llobet -que también comparecerá hoy-, convocó dos reuniones con directores de institutos, donde se les "forzó" para que cedieran los centros para la votación, sin darles instrucciones por escrito.