La Generalitat pagó al principio de la pandemia 8 millones de euros por unos respiradores que nunca recibió

El estallido de la pandemia de coronavirus puso patas arriba la administración pública española, sobre todo la Sanidad. Los Gobiernos autonómicos y central tuvieron que improvisar, en tiempo récord, soluciones para hacer frente a la enorme demanda de material, instalaciones y personal sanitario ante el embate de la primera ola del coronavirus.

Ahora, dos años después del inicio de la pandemia, la Sindicatura de Comptes ha detectado un cúmulo de incidencias al analizar los contratos de emergencia hechos por la Generalitat en 2020 para hacer frente al estallido de la pandemia, y en algunos casos aprecia incluso pagos indebidos, sobrecostes y desviaciones no contempladas en la normativa.

Pagos indebidos por valor de 8 millones

En concreto, el organismo fiscalizador aprecia pagos indebidos por valor de 7,91 millones de euros por parte del Instituto Catalán de Salud (ICS) a una empresa extranjera a la que se adquirieron respiradores.

La Sindicatura de Cataluña -una de las comunidades más afectadas por la Covid en las distintas olas de la pandemia- asegura que este contrato se adjudicó a una empresa -Innjoo Technology- cuyo objeto social no incluía la actividad objeto de contrato, y que el ICS, en el momento de adjudicar el contrato, no contaba con la licencia correspondiente de importación de productos sanitarios otorgada por la Agencia Española del Medicamento.

El informe constata que, al acabar el trabajo de campo para hacer este informe, a finales de septiembre de 2021, este proveedor debía 7,91 millones al ICS, una deuda que se produjo, según comunicó a la Tesorería de la Generalitat, porque "falló el sistema informático de compensación de facturas contabilizadas con el importe de los anticipos recibidos y se pagó al proveedor, incorrectamente, 7,91 millones, en lugar de compensarle con el anticipo concedido".

Irregularidades en los tiempos de ejecución

La Sindicatura de Cuentas ha detectado también irregularidades en los tiempos de ejecución de diferentes contratos de urgencia en el contexto de la pandemia.

Además, ha apuntado que en uno de los contratos se recibieron más de 420.000 unidades menos de las que se facturaron, con un sobrepago de 207.000 euros; y que en otros dos contratos hubo desviaciones del precio de adjudicación de 570.000 euros y 438.200 euros, respectivamente.