Crimen de la Guardia Urbana
Rosa Peral y su padre, imputados por ocultación de bienes
Las acusaciones sugieren que Rosa Peral y su padre podrían haber intentado eludir las consecuencias financieras de la condena.
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En un giro legal significativo, Rosa Peral, previamente condenada por el crimen de la Guardia Urbana, enfrenta ahora una nueva imputación junto a su padre por presunta ocultación de bienes antes de la sentencia. Las autoridades han iniciado una investigación sobre posibles maniobras para ocultar activos que podrían haber sido sujetos a confiscación como parte de las percusiones legales del crimen.
Las acusaciones sugieren que Rosa Peral y su padre podrían haber intentado eludir las consecuencias financieras de la condena, planteando interrogantes sobre la transparencia en la gestión de sus activos: la casa y el coche. Por estos hechos, han sido citados a declarar el próximo 24 de enero porque la condenada por el crimen de la Guardia Urbana habría cedido sus bienes a su padres antes de que la condenasen a 25 años de prisión por el asesinato de su pareja, Pedro Rodríguez.
La sentencia de la Audiencia de Barcelona ha indicado que Rosa Peral y el otro autor del crimen, Albert López, tendrían que pagar conjuntamente 885.000 euros a los familiares de Pedro Rodríguez. Sin embargo, en el caso de no tener el dinero, les embargarían las propiedades. Es por este el motivo que Peral habría cedido sus bienes a su padre, una forma de ser insolvente y liberarse de la indemnización.
Todo ello se ha conocido a través de una querella de los familiares de la víctima, que la jueza ha aceptado y que se castiga con hasta cuatro años de prisión. No obstante, el sistema judicial ahora se enfrenta al desafío de determinar la validez de estas acusaciones de ocultación de bienes, mientras la comunidad sigue cerca de este caso que ha capturado la atención pública por sus ramificaciones legales y éticas.
El caso de Rosa Peral
El caso de Rosa Peral es conocido como el crimen de la 'Guardia Urbana' por el asesinato de Pedro Rodríguez, una gente de la Guardia Urbana de Barcelona, cuyo cadáver se encontró carbonizado el 4 de mayo de 2017 en un coche calcinado cerca del pantano de Foix. La pareja de la víctima, Rosa Peral, y su amante, Albert López, ambos también agentes de la Guardia Urbana barcelonesa, habían sido acusados de matar a Pedro en la madrugada del 1 de mayo de 2017 y esconder su cadáver en el maletero de su coche.
No fue hasta marzo de 2020, cuando ocho de los diez miembros del jurado popular consideraron a Peral como culpable del asesinato, y siete de los diez miembros acusaron a López del asesinato con alevosía de Pedro Rodríguez. Ambos fueron condenados a 25 y 20 años de prisión respectivamente, además de tener que indemnizar a los familiares con 885.000 euros.
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