Una operación apoyada por la Interpol acaba con siete detenidos por presunta corrupción deportiva en Navarra

Una amplia operación policial desarrollada en la Ribera navarra se ha saldado con siete detenidos por su presunta implicación en una trama de delitos económicos que podría estar relacionada con la corrupción deportiva. La investigación está dirigida por la Comisaría General de la Policía Nacional desde Madrid y cuenta con la colaboración de Europol e Interpol.

Entre los arrestados se encuentra Ramón Lázaro, empresario y expresidente del Club Deportivo Tudelano y del Ribera Navarra Fútbol Sala. Durante la jornada del lunes, los agentes llevaron a cabo tres registros, uno de ellos en la vivienda del exdirigente deportivo en la localidad de Corella, además de un requerimiento a un asesor financiero.

Según ha informado la Policía Nacional, la operación ha permitido bloquear inmuebles, vehículos y diferentes productos bancarios, así como intervenir importantes cantidades de dinero en efectivo. A los detenidos se les atribuyen inicialmente delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude en subvenciones, alzamiento de bienes, falsedad documental, estafa y delitos contra la Hacienda Pública.

Las actuaciones permanecen bajo secreto de sumario mientras los investigadores continúan analizando la documentación y los efectos intervenidos durante los registros.

Esta operación se ha producido meses después de que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) comenzara una investigación sobre las subvenciones que concedió el Ayuntamiento de Tudela al CD Tudelano durante los años 2022 y 2023.

Según el organismo, existían indicios de posibles irregularidades en la concesión de estas ayudas, ya que el club mantenía una deuda cercana a los 75.000 euros con el consistorio, una circunstancia que le habría impedido optar a las subvenciones.

Un informe de Intervención advirtió de esta situación mediante un reparo, aunque la Junta de Gobierno Local decidió levantarlo y aprobar las ayudas. Ante estos hechos, la OANA inició una investigación para esclarecer si la concesión de los fondos públicos se ajustó a la normativa vigente.

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