El matrimonio de la "casa de los horrores" niega el encierro de los menores: "No fue un delito"

El juicio contra el matrimonio acusado de mantener aislados a sus tres hijos durante casi cuatro años en una vivienda situada a las afueras de Oviedo afronta su recta final. Este miércoles se celebra la segunda y última sesión del proceso en la Audiencia Provincial de Oviedo, donde los progenitores se enfrentan a peticiones de más de 25 años de prisión.

La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el Gobierno asturiano, consideran que los padres incurrieron en delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia. La defensa, por el contrario, rechaza esa interpretación y solicita la absolución.

Los abogados sostienen que el caso no responde a una privación de libertad, sino a una decisión familiar motivada por el temor a contagiarse de coronavirus.

La defensa habla de "aislamiento voluntario"

A la entrada del juicio, el abogado Javier Muñoz defendió que los menores no estuvieron detenidos ilegalmente. Según su explicación, la familia optó por vivir aislada tras sufrir la enfermedad.

El letrado describió la situación como una decisión marcada por un "miedo insuperable" tras haber estado enfermos durante un periodo prolongado. En ese contexto, según su versión, los padres decidieron permanecer confinados en su vivienda.

También rechazó la denominación con la que el caso ha sido conocido en algunos medios de comunicación.

La defensa ha criticado la "etiqueta estigmatizante" de "la casa de los horrores" y sostiene que esa descripción no refleja lo ocurrido.

"Aquí lo que habido es una familia con comportamiento disfuncional, con un comportamiento anómalo, pero, desde luego, no criminal", señaló el abogado.

Estado de los menores

Los abogados sostienen que los tres niños se encontraban en condiciones adecuadas cuando fueron localizados.

Según su versión, los menores estaban aseados y no presentaban malformaciones. También rechazan que la vivienda se encontrara en las condiciones que se han descrito públicamente.

"Es una situación extraordinaria, anómala, extraña, pero no constitutiva de delito. Tener la casa desordenada no es un delito y no escolarizar a los hijos en un centro oficial no es un delito, puede ser una infracción administrativa y puede ser reprochable desde el punto de vista personal o social, pero no jurídico", afirmó el abogado.

La acusación sostiene que los menores estuvieron encerrados

La Fiscalía mantiene una versión distinta. El Ministerio Público sostiene que los padres mantuvieron a sus hijos aislados entre diciembre de 2021 y abril de 2025.

Durante ese periodo, siempre según la acusación, los menores no fueron escolarizados ni tuvieron seguimiento sanitario. Tampoco habrían mantenido contacto con otras personas.

Los tres niños, dos gemelos que tenían ocho años en ese momento y su hermano de diez, viven actualmente bajo la tutela del Gobierno del Principado de Asturias.

Un juicio con peticiones de prisión

La Fiscalía y la acusación particular solicitan 25 años y cuatro meses de prisión para cada uno de los progenitores.

Por su parte, la defensa sostiene que el caso debería abordarse desde una perspectiva social o asistencial y no mediante la vía penal.

"No es una situación ortodoxa, pero, desde luego, no es una situación criminal. Es una cuestión puramente asistencial de una familia con problemas y un comportamiento anómalo", señaló la abogada del padre.

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