CASO SANDRA PEÑA
La Justicia archiva provisionalmente la causa contra el colegio de Sandra Peña y la familia anuncia su recurso
Tras conocerse la decisión judicial, los padres de Sandra han anunciado que recurrirán el archivo de la causa.
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El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla, ha decidido archivar de forma provisional la querella presentada por los padres de Sandra Peña, la adolescente de 14 años que fallecía el pasado mes de octubre, tras sufrir presuntamente acoso escolar. La denuncia iba dirigida contra el colegio concertado Irlandesas Loreto, así como contra varios miembros de su equipo educativo, entre ellos el director, la tutora, la jefa de estudios y la orientadora del centro.
La familia atribuye a los responsables del colegio posibles delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante, al considerar que no actuaron de manera adecuada ante la situación que vivía la menor. Sin embargo, el magistrado entiende que no existen indicios suficientes para mantener la investigación penal abierta.
En el auto judicial, el juez sostiene que el centro adoptó algunas medidas tras conocer el conflicto entre alumnas, entre ellas reuniones con los padres, y actuaciones de seguimiento para intentar frenar el problema. Según la resolución, aunque pudiera existir un contexto de acoso escolar, no puede establecerse una relación directa entre la actuación de los docentes, y el suicidio de la menor. El magistrado añade además, que no era exigible a los responsables educativos controlar permanentemente a Sandra para impedir el desenlace ocurrido fuera del colegio.
Paralelamente, continúa abierta otra investigación en un Juzgado de Menores de Sevilla, centrada en tres estudiantes señaladas como presuntas responsables del acoso sufrido por la adolescente.
Los padres de Sandra Peña recurrirán el archivo
Tras conocerse la decisión judicial, los padres de Sandra han anunciado que recurrirán el archivo de la causa. En declaraciones públicas, han asegurado sentirse "destrozados" por una resolución que, a su juicio, deja sin respuesta muchas cuestiones importantes. La familia considera que el colegio minimizó lo que ocurría, y que el profesorado era consciente del sufrimiento que atravesaba la menor.
Además, los padres insisten en que "no se activaron correctamente los protocolos" previstos para situaciones de acoso escolar, y prevención del suicidio. Por ello, mantienen su intención de continuar la batalla judicial, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y depurar posibles responsabilidades.
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