Vandalismo
La Guardia Civil investiga la quema y destrozos de radares de tráfico en Sevilla
Los ataques han quedado registrados en vídeos difundidos en redes sociales y la investigación continúa abierta para identificar a los responsables.

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La provincia de Sevilla se encuentra bajo investigación tras una serie de actos vandálicos contra radares de tráfico instalados en distintas carreteras. Varios dispositivos de control de velocidad han resultado dañados en diferentes episodios que han salido a la luz después de que se difundieran en redes sociales grabaciones de los ataques.
Las imágenes muestran a varias personas encapuchadas actuando contra estos equipos mediante diferentes métodos. Entre los incidentes que aparecen en los vídeos figuran incendios provocados en los dispositivos y la retirada de radares de sus soportes.
Ante estos hechos, la Guardia Civil ha abierto una investigación a través de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de Andalucía. El objetivo es esclarecer las circunstancias de los ataques y tratar de identificar a las personas implicadas.
Ataques en la A-92 y en el entorno de la SE-30
Entre los puntos afectados que aparecen en las grabaciones se encuentra la A-92, en el acceso a Sevilla desde Alcalá de Guadaíra. En uno de los vídeos se observa cómo una persona encapuchada prende fuego a un radar situado en un panel de información de tráfico.
Otra de las grabaciones muestra cómo un dispositivo es arrancado de su estructura con la ayuda de un vehículo. También ha trascendido la destrucción de un radar municipal situado en la Ronda Urbana Norte.
Sanciones y penas de prisión
Las grabaciones han sido difundidas a través de redes sociales, especialmente desde perfiles que atribuyen los ataques a un grupo de jóvenes que se presenta como contrario a la instalación de radares.
La circulación de estas imágenes ha vuelto a situar el vandalismo contra los sistemas de control de velocidad en el centro de la actualidad sevillana.
Por el momento, las autoridades no han concretado el número total de radares afectados ni han confirmado que todos los episodios estén relacionados o hayan sido cometidos por las mismas personas.
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La investigación permanece abierta a la espera de localizar a los autores que de momento no han sido detenidos. Por delitos de daños como éstos, los responsables podrían enfrentarse a sanciones administrativas, penas de prisión de 1 a 3 años además de pagar los gastos por los daños ocasionados, que oscilarían dependiendo del radar entre los 60.000 y 80.000 euros.
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