La eutanasia al 'Pistolero de Tarragona' ya tiene fecha: el próximo 23 de agosto

Después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado los últimos recursos con los que las víctimas del pistolero de Tarragona pretendían paralizar su muerte asistida, el Consorcio Sanitario de Terrassa (Barcelona) ha programado para el 23 de agosto la eutanasia de Eugen Sabau, más conocido como el 'pistolero de Tarragona'.

En una información a la que ha tenido acceso la Agencia Efe, la sala de vacaciones del TC ha acordado no admitir a trámite el recurso que interpusieron algunas de las víctimas contra la resolución de la Audiencia de Tarragona, que autorizaba la eutanasia para el pistolero de Tarragona el pasado 4 de agosto. Tras el asalto del pistolero, hecho que hirió a varias personas en su oficina, este quedó tetrapléjico.

En su resolución, el Tribunal Constitucional considera que en este caso se da una "inexistencia" de violación de derechos fundamentales, que es la condición para que el tribunal de garantías pueda intervenir. Con esta justificación, se ha dado carpetazo al asunto ya que no se aprecia la "trascendencia constitucional" que condicionaría la admisión del recurso presentado. Además, la dirección del Consorcio Sanitario de Terrassa comunicó en el día de ayer al Juzgado de instrucción 5 de Tarragona, que es el que lleva el caso, que, una vez la Audiencia de Tarragona ha avalado la eutanasia, están realizando las "gestiones oportunas" para que la prestación del "servicio de ayuda para morir" se pueda llevar a cabo el martes 23 de agosto, según un escrito al que ha tenido acceso la Agencia Efe.

El Tribunal Constitucional era la última vía a la que se podrían agarrar las víctimas del pistolero de Tarragona para tratar de evitar la eutanasia de este para que así se pudiera celebrar el juicio. Si se hubiera celebrado, en caso de sentencia condenatoria, esto les habría permitido ser indemnizados. Sin embargo, en el caso del agente de los Mossos d'Esquadra que resultó herido, dada su condición de funcionario, existe la posibilidad de que, aunque no haya ni juicio ni sentencia, sea finalmente la Generalitat quien acabe asumiendo la indemnización por las lesiones sufridas en acto de servicio.

El abogado José Antonio Bitos, que representa en nombre del sindicato USPAC al agente de los Mossos d'Esquadra herido, ha anunciado que, cuando se lleve a cabo la eutanasia programada para el próximo 23 de agosto, inmediatamente iniciará los trámites para que sea la Generalitat la que asuma la indemnización que le corresponda. La Audiencia de Tarragona, al desestimar los recursos de varias de las víctimas, hizo que estas recurrieron ante el Constitucional para que se paralizara el proceso, aunque sin éxito.

Según la Audiencia, en este caso "debe preponderarse el derecho a la dignidad y a la integridad física y moral del investigado frente al derecho a la tutela judicial efectiva de los denunciantes". Esta reconoció que Sabau, que había solicitado la eutanasia tras quedar herido grave, causó "un dolor y un daño físico y moral en las víctimas" y calificó de "razonable" la "expectativa" de una "posible condena penal".

¿Cómo sucedieron los hechos?

El pistolero de Tarragona resultó herido en un tiroteo con el Grupo Especial de Intervención de los Mossos d'Esquadra tras haber entrado en las oficinas de una empresa de seguridad con un arma de fuego y herir a varias personas. Consiguió huir y se atrincheró, aunque, quedó herido de gravedad por los Mossos que le abatieron con varios disparos. Tras quedar herido de gravedad con una lesión medular, este solicitó recibir la eutanasia.

Actualmente, permanece ingresado en el hospital penitenciario de Terrassa en estado grave, donde, según la Audiencia, su estado le "origina sufrimientos físicos y psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva". Para avalar la eutanasia, la Audiencia de Tarragona también ha argumentado que la Comisión de Evaluación y Garantías la autorizó y apuntó que aplazarla por un juicio supondría "una intolerable afectación a su dignidad y a su integridad física y moral, inherentes a la persona".

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