El Pazo de Meirás continúa con sus visitas como cada viernes después de que la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales, concluyera que el Pazo de Meirás fue un regalo que se hizo en su momento al jefe del Estado y no a Francisco Franco a título personal.
El objetivo de este obsequio era, según los expertos que declararon en el juicio, que Franco tuviera una residencia en Galicia para que al menos una vez al año se trasladase a A Coruña el aparato de un naciente estado franquista, a modo de la corte de verano y de cercanía a los círculos de poder de la elite socioeconómica coruñesa.
Franco inscribió a su nombre en 1941 la finca como compraventa en el Registro de la Propiedad, una operación que para la jueza no fue sino una simulación, una "ficción", "lo que determina la nulidad de la misma".
Desde aquella fecha, Franco y su familia utilizaron el pazo su residencia de verano, se llegó a gestionar como su residencia oficial y sus descendientes lo utilizaron durante 44 años como propietarios del inmueble. La batalla judicial por su control se fue alargando durante años. La ley llegó a obligar a la familia a abrirlo al público cuatro veces al mes, aunque el sistema de visitas quedó bloqueado.
Sien embargo, ahora la sentencia sostiene que los Franco no deben ser indemnizados por los gastos que aseguraron asumir para el mantenimiento de la propiedad, que llegaron a poner en venta por ocho millones de euros, porque esta se incorporó al patrimonio de la familia "de mala fe".
El fallo, que ha sido recibido como una "victoria democrática" por administraciones de distinto color político, no es firme y el abogado de la familia Franco, Felipe Utrera Molina, ha confirmado a Efe que lo recurrirán.
