Duchas frías y correazos con el cinturón, los castigos de un padre a su hija que le han llevado a prisión

Tres años y 15 días de prisión, el pago de una indemnización de 2.000 euros a su hija y una orden de alejamiento y la prohibición comunicarse con ella durante un año, siete meses y quince días. Esta es la pena total a la que ha sido condenado un hombre, en Santiago, por un delito de malos tratos habitualesy cuatro de maltrato de obra.

"Quien justifica 'corregir' a una hija golpeándola con la correa del cinturón, es evidente que no tiene claro en qué consiste el ejercicio de la patria potestad", señala la sentencia de la sección de la Audiencia Provincial con sede en Santiago.

Los hechos probados de la sentencia relatan cómo la niña, que vivía sola con su padre, también llegó a convivir después con la nueva esposa de su progenitor, con la que se quedaba con frecuencia debido a que su padre se ausentaba por motivos laborales. La resolución judicial recoge, además, que "el estilo educativo del acusado con su hija era riguroso y autoritario, llegando en ocasiones, especialmente cuando se producía un consumo abusivo de alcohol por su parte, a ser agresivo tanto con ella como con su segunda esposa".

Uno de los castigos que el acusado aplicaba a su hija cuando consideraba que había hecho algo mal era obligarla a meterse en la ducha con agua fría y golpearle en las piernas y nalgas con la correa del cinturón. Así lo hizo en, al menos, dos ocasiones cuando la niña tenía 10 u 11 años.

En otra ocasión, la menor se retrasó 7 minutos de la hora que el acusado le había fijado para regresar a casa tras salir con sus amigos. Al llegar, el acusado le dijo que iba a recibir 7 correazos, uno por cada minuto de retraso, y comenzó a golpearla en las piernas con el cinturón. Ya en el año 2017, el acusado volvió a golpear a la menor con el cinturón en una ocasión por las malas notas que había obtenido en el instituto.

Como consecuencia de esta situación, la menor sufrió una depresión severa. Un caso grave que requirió la intervención de los equipos de asistencia social del Ayuntamiento y de la Xunta hasta que la víctima fue declarada en situación de desamparo y el Gobierno gallego asumió su tutela legal.