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La denuncia de Greenpeace contra las macrogranjas por las lamentables condiciones en las que viven los cerdos
Greenpeace lamenta que las macrogranjas permitan que los animales vivan en condiciones deplorables: hacinados entre basura y suciedad.
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Animales muertos, hacinados y que viven entre basura y suciedad. Es la denuncia que lanza Greenpeace. La ONG ambientalista internacional ha publicado un vídeo en el que se pueden ver las lamentables condiciones en las que los cerdos desarrollan sus vidas en muchas macrogranjas.
"Es legal que los animales vivan toda su vida encerrados en naves industriales sin ver la luz del sol, aprisionados entre barrotes con el espacio mínimo necesario para estar tumbados. La industrialización de la ganadería implica la cosificación de los animales que son utilizados como maquinaria de producción forzando al máximo su rendimiento a costa de su bienestar".
Según los activistas, esto está ocurriendo porque "las administraciones lo están autorizando concediendo nuevas explotaciones a un ritmo de 1,5 diarias".
Cría intensiva
Además, aseguran que las explotaciones utilizan fármacos en las madres para inducir el parto, con lo que consiguen acelerar la producción "y el beneficio de la compañía".
Ganadería industrial
La organización apunta contra la ganadería industrial porque "está devorando el planeta, y las macrogranjas son la cara más cruel y sucia de este negocio". En este sentido recuerdan que "el lobby cárnico acelera la crisis climática y envenena el agua de nuestros pueblos".
No es la primera vez que se produce una denuncia de este tipo contra los criaderos de animales. A principios de octubre, la ONG Equalia acusó a otra granja de Castilla-La Mancha por permitir que las gallinas vivan en terribles condiciones de "inanición y deshidratación" y compartiendo espacio con "otras aves muertas y hacinadas unas encima de otras".
Hechos que son, "presuntamente constitutivos de graves delitos de maltrato animal y contra la salud pública".
Paralizar las macrogranjas
Este pasado martes, Greenpeace entregaba al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 237.000 firmas para exigir leyes que protejan el agua, e impidan su envenenamiento, y paralizar las macrogranjas.
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