El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha asegurado que confía que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aporte "sentido jurídico lógico" al resolver el recurso interpuesto por el Gobierno regional contra el auto que anula la prohibición de fumar en la vía pública cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad para evitar riesgos de contagio de coronavirus. La Comunidad de Madrid presentó un recurso de reforma contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid por considerar que el juez Alfonso Villagómez se "extralimita profundamente" en sus argumentos. El recurso, presentado por ahora ante el propio juez, es susceptible de apelación ante el TSJM.
Falta de claridad
En una entrevista en la Cadena Ser, el consejero madrileño, magistrado de profesión, ha señalado que no saben si el juez no ratifica las medidas solicitadas "porque no pueden ser ratificadas por su propia naturaleza o porque no pueden serlo". "No lo aclara", ha reprochado. "El juez dice en su auto por un lado que las medidas que pedimos no pueden suponer restricciones o privación de derechos fundamentales con carácter general pero dice a renglón seguido que solo se puede pedir esa medida en concreto para una persona, con nombre y apellidos", ha recalcado. Por ello, espera que el juez ponga coherencia en la misma línea que el resto de jueces de lo Contencioso que se han pronunciado al respecto en toda España.
El juez confunde criterios
López ha explicado que las medidas que se solicitan, pudiendo algunas condicionar derechos fundamentales, nunca privan derechos. "Cuando una persona mayor de edad está en una residencia y se le limita la salida, se le está limitando el derecho a la libre circulación, y es una de las medidas que precisamente pedíamos su ratificación", ha dicho. Por ello, ha insistido en que la resolución del juez de lo Contencioso número 2 de Madrid "confunde algunos criterios", por lo que desde el gobierno regional esperan que el TSJM ponga "sentido jurídico lógico" en este asunto. "Tenemos una legislación muy antigua en materia de Sanidad Pública, en concreto la Ley de Medidas Especiales del año 86. Y parece que va más dirigida a limitar derechos individuales de personas contagiadas y no tanto a prevenir limitando derechos fundamentales de una población", ha señalado.
Reforma pendiente
Ante ello, el responsable de Justicia del PP ha recalcado que el Gobierno debió iniciar una reforma de la legislación en esta materia al inicio de la pandemia, recordando que su partido ofreció una propuesta para dar seguridad jurídica a las comunidades autónomas. "Estamos ante una pandemia sin precedentes y hay que adaptar urgentemente esa legislación para que las CCAA podamos tomar medidas de condicionamiento de derechos fundamentales siempre para prevenir los riesgos. La legislación actual permite actuar para evitar el estado de alarma, esto que el juez confunde con todos los respetos", ha indicado.
