Vender una casa, un piso… donde se han cometido crímenes mediáticos es una tarea complicada para los vendedores. La sombra del crimen invade estas ‘casas malditas’.

Un ejemplo de ello lo está viviendo la familia de Bernardo Montoya. 6.000 euros pide la familia del asesino por la casa donde Laura Luelmo fue asesinada, de momento, no tiene comprador.

Un millón de euros, pedía Rosario Porto por la finca de Teo. Pero no ha encontrado a nadie que, tras la muerte de la pequeña Asunta, quiera vivir en esta finca de 10 mil metros cuadrados, 5 habitaciones y varios salones. Desde que se puso en venta, se ha rebajado hasta un 50% el precio.

Pero no son los únicos escenarios donde los compradores no quieren invertir.

El chalet de Pioz, donde Patrix Nogueira mató y descuartizó a cuatro personas, se une a esta lista. La finca de Las Quemadillas, en Córdoba, donde José Bretón mató a sus hijos Ruth y José sigue buscando comprador, al igual que la casa de Sevilla donde asesinaron a Marta del Castillo.

La ley no obliga al vendedor a informar sobre el pasado del inmueble aunque los usuarios de Internet y los vecinos siempre revelan qué pasó en estas ‘casas malditas’.