Carta abierta de una denunciante de abuso infantil tras la absolución del acusado: "La verdad no prescribe"

El 24 de febrero de 2025, la Audiencia Provincial de A Coruña dictó una sentencia condenatoria contra un hombre acusado de abuso sexual a una menor, imponiéndole la pena máxima solicitada por la Fiscalía: nueve años de prisión. Tres magistrados consideraron los hechos como “probados”.

Sin embargo, apenas unos meses después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha revocado esa sentencia al no aceptar el relato de hechos probados.

El fallo no cuestiona la veracidad de los hechos, ni la valoración de la prueba efectuada por los jueces de la Audiencia. Lo que determina la absolución es un motivo estrictamente legal y técnico: el delito había prescrito conforme al régimen jurídico vigente en el momento de los hechos.

El tribunal explica que debe aplicarse la legislación anterior a la reforma del Código Penal de 2010, ya que los hechos ocurrieron antes de dicha reforma. En ese marco legal, el plazo de prescripción era de 15 años y solo podía interrumpirse mediante la resolución judicial que diera inicio formal al procedimiento, no con la simple presentación de la denuncia.

Golpe emocional para la denunciante

La denunciante reclamó los hechos en enero de 2022, dentro del plazo de 15 años desde que supuestamente ocurrieron. Pero la resolución judicial de incoación del procedimiento, la que legalmente interrumpiría el cómputo de prescripción, se dictó el 11 de febrero de 2022, diez días fuera de plazo. Por tanto, el TSXG considera que para cuando se dictó esa resolución, el delito ya había prescrito. Este detalle técnico ha sido determinante para revocar la sentencia condenatoria y absolver al acusado.

La decisión ha supuesto un mazazo emocional para la denunciante, vecina de Muros, que ha decidido hacer pública su historia a través de una carta abierta. En ella, expresa su decepción, pero también su firmeza: "En mi caso, al tratarse de una absolución por prescripción, el condenado nunca tendrá antecedentes penales por abuso sexual a una menor. Pero sí tendrá siempre la espada de Damocles sobre su cabeza: la verdad no prescribe".

El caso pone en evidencia los límites del sistema judicial en relación con los delitos sexuales cometidos contra menores. En 2021, el Congreso aprobó la conocida Ley Rhodes (Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia), una reforma legislativa histórica que supuso un antes y un después en la protección legal de los menores.

Pero como la ley no tiene efectos retroactivos, los casos cometidos antes de su entrada en vigor siguen rigiéndose por las normas anteriores.

8 de cada 10 agresiones vienen de alguien del entorno

La denunciante, que había logrado que su testimonio fuera escuchado en sede judicial y reconocido en una primera sentencia condenatoria, se encuentra ahora con que el agresor no tendrá ninguna sanción penal.

La denunciante ha optado por transformar su dolor en acción y su historia en una herramienta de concienciación. Su carta, difundida no sólo narra su recorrido judicial, sino que interpela directamente a la sociedad: "Quiero alentar a quienes han sobrevivido a abusos sexuales en su infancia o adolescencia a hablar, a denunciar, a hacer que la verdad salga a la luz. Sé bien que es un proceso largo, duro y costoso, pero también sé que es, sobre todo, sanador".

El texto destaca la dificultad de denunciar cuando el agresor forma parte del entorno cercano, algo que ocurre en la inmensa mayoría de los casos. Según Save the Children, en 8 de cada 10 agresiones sexuales a menores, el agresor es un familiar o alguien del entorno. Además, el 96% de los abusadores no tienen antecedentes penales, porque muy pocos casos llegan a juicio.

Esta cifra, reveladora y alarmante, refleja un problema estructural: el silencio, el miedo, la culpa o incluso la normalización del abuso dificultan durante años, o incluso décadas, que las víctimas puedan identificar lo que vivieron, ponerlo en palabras y dar el paso hacia una denuncia.

No es un caso aislado

La denunciante reconoce que ha sido un camino extremadamente duro, pero que no lo ha recorrido sola. En su carta agradece a su hermana, a sus padres, a sus tías, a sus primas, a sus amigos, a sus vecinos, a su psicóloga y a su abogado su apoyo en esa aterradora travesía. Todos ellos han sido parte de ese barco que ella define como un esfuerzo colectivo por "no hundirse" y "alumbrar un camino hacia la verdad".

Este caso no es aislado. Decenas de personas en España y miles en todo el mundo han sufrido situaciones similares: cuando logran reunir la fuerza, la prueba y el apoyo necesario para denunciar, se encuentran con que el delito ya no puede ser juzgado. La ley ha cambiado, pero aún es insuficiente para reparar el daño de quienes fueron víctimas antes de 2021.

Por eso, este testimonio representa una herida colectiva. Un fallo estructural del sistema judicial que se traduce en una nueva forma de impunidad. "Como personas adultas, tenemos la responsabilidad de proteger a la infancia. La violencia sexual infantil sigue siendo un tabú. El objetivo era claro: no hundirse. Luchar por alumbrar un camino hacia un mundo mejor y más esperanzador. Y lo hemos conseguido", concluye.

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