Barcelona endurece las multas por incivismo y permitirá el cobro inmediato con datáfono

Barcelona dará un giro en la lucha contra el incivismo a partir del próximo 15 de febrero. La ciudad estrenará una nueva ordenanza de convivencia que actualiza y concreta la normativa vigente desde hace casi dos décadas, con el objetivo de mejorar la convivencia en el espacio público y ofrecer mayor seguridad jurídica. Entre las principales novedades figuran el endurecimiento de las sanciones, la limitación de las bonificaciones por pronto pago y la incorporación de datáfonos a los agentes de la Guardia Urbana para facilitar el cobro inmediato, especialmente a los turistas.

Una de las medidas más llamativas es la regulación más precisa de la vestimenta en la vía pública. Pasear sin camiseta, con ropa de baño fuera de las zonas habilitadas o con prendas y objetos de contenido sexual explícito podrá conllevar multas de entre 120 y 300 euros. La norma establece excepciones para quienes practiquen deporte y para los paseos marítimos, así como autorizaciones puntuales para actividades concretas.

La ordenanza también endurece las sanciones por orinar en la calle, que no podrán ser inferiores a 300 euros, y refuerza la lucha contra las pintadas: además de la multa, los infractores deberán asumir el coste de la limpieza, y se podrá sancionar a quienes colaboren o animen estas acciones. En el ámbito del consumo de alcohol, no solo se multará a quienes beban en la vía pública, sino también a los organizadores de rutas etílicas, cada vez más habituales a través de plataformas digitales.

Otra novedad afecta a los dueños de perros, que estarán obligados a diluir los orines para evitar malos olores y deterioro del mobiliario urbano. En general, la mayoría de las sanciones previstas se incrementan para reforzar su efecto disuasorio.

El Ayuntamiento defiende que no se trata de imponer restricciones nuevas, sino de actualizar una regulación que había quedado obsoleta y ambigua, lo que dificultaba su aplicación. De hecho, una sentencia del Tribunal Supremo en 2015 ya advirtió de la falta de concreción del texto anterior, especialmente en lo relativo a la vestimenta.

Para evaluar el impacto real de la reforma, se ha creado una Mesa de Seguimiento con participación de los grupos municipales y los servicios implicados. Se analizarán indicadores como el número de denuncias, la reincidencia y la percepción ciudadana. La ordenanza prevé informes semestrales y revisiones periódicas cada cinco años, con el objetivo de comprobar si las nuevas medidas logran trasladar al día a día de las calles un mayor equilibrio entre libertad individual y convivencia.

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